La Fiscalía de Cochabamba ha confirmado que el Presidente Luis Arce se opone a someterse a la prueba de ADN solicitada por Brenda Lafuente. Esta prueba tiene como objetivo comprobar la filiación de su hijo. Además, se aclaró que el Ministerio Público no tiene la facultad de obligar a realizar dicho examen.
El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, explicó este martes que la toma de muestras para la prueba de ADN es un acto que debe ser voluntario. Esto significa que los sujetos procesales pueden decidir si se someten o no a este procedimiento, según la información publicada por Erbol.
Tejerina comentó: “Tengo entendido que existiría una oposición al examen de ADN, a la toma de muestras. Es bueno entender que nosotros como Ministerio Público no podemos obligar a la realización de un acto investigativo. Eso es un acto meramente voluntario”.
Investigación en curso
Ante la negativa del Presidente, el Fiscal indicó que la institución buscará “elementos satélites para establecer la existencia de los derechos” del menor involucrado en este caso.
Brenda Lafuente, la exfuncionaria que ha presentado la denuncia, está llevando adelante un proceso penal contra Luis Arce por el delito de abandono de mujer embarazada. Además, ha interpuesto una demanda para el pago de asistencia familiar.
Preocupaciones de la denunciante
Lafuente había informado previamente que la prueba de ADN estaba programada para el jueves 30 de octubre. Sin embargo, el mandatario ha rechazado la realización de este estudio.
La denunciante también ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que el Presidente “fugue del país” una vez que deje el cargo. Por esta razón, ha solicitado formalmente a la Fiscalía que emita una alerta migratoria en su contra.
Requisitos para la alerta migratoria
El fiscal Tejerina indicó que la solicitud de alerta migratoria ha sido enviada a la comisión encargada del caso para su análisis. Sin embargo, recordó que existen requisitos legales que deben cumplirse para que se emita esta medida restrictiva.
Específicamente, debe haber una orden de aprehensión y una posibilidad concreta de que el sujeto activo del ilícito penal intente ausentarse de la investigación. Tejerina concluyó que estos elementos materiales deben ser evaluados por la comisión antes de tomar cualquier decisión sobre la restricción al derecho a la libertad de locomoción.
