El Tribunal Constitucional Plurinacional se enfrenta a una acción popular presentada en Beni. Esta acción busca la suspensión de los magistrados que se han autoprorrogado, así como de las autoridades que fueron elegidas en los comicios judiciales de diciembre de 2024. La denuncia fue interpuesta por el abogado Percy Claure Cuellar. Las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura han expresado su preocupación por el impacto que esta demanda podría tener en el Órgano Judicial.
La acción popular fue presentada por Percy Claure Cuellar y está bajo la jurisdicción de la Sala Constitucional Segunda del Beni, que es presidida por el vocal Charles Mejía. Aunque la audiencia que estaba programada para el jueves fue suspendida, el proceso continúa abierto.
Conflicto de intereses
Amalia Laura ha señalado un posible conflicto de intereses en este caso. Ella indica que el demandante, Percy Claure, es abogado del vocal Charles Mejía, quien debería excusarse del proceso según lo estipulado en el Artículo 20 del Código Procesal Constitucional. “Este señor Claure es abogado del señor Charles Mejía. Hay acciones de libertad y acciones de amparo constitucional que se han presentado, lo que demuestra que existe una relación con él”, afirmó Laura.
Fundamentos de la demanda
La demanda se basa en la supuesta vulneración de los derechos colectivos a la seguridad jurídica y a la institucionalidad democrática. Esto se relaciona con la autoprórroga de los magistrados salientes, que incluyen a Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas, entre otros. El petitorio de Claure Cuellar solicita declarar la nulidad de todos los actos emitidos después del 31 de diciembre y el cese de funciones de todos los magistrados elegidos en 2024.
Además, se insta a la Asamblea Legislativa a llevar a cabo un nuevo proceso de preselección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en un plazo no mayor a 90 días. La magistrada Prudencio rechazó estos argumentos, apelando al principio de preclusión del proceso de preselección y a la voluntad popular. “Pretenden desconocer el voto popular porque alegan que en la etapa de preselección hubo irregularidades”, concluyó Prudencio.
Impacto en el Órgano Judicial
La situación actual genera inquietud sobre la estabilidad del Órgano Judicial. Además, podría afectar la confianza pública en las instituciones democráticas del país.
