Por: Ronald Nostas Ardaya
Tras los resultados de las elecciones, Bolivia ha iniciado un nuevo ciclo histórico, marcado por la fortaleza de su sistema democrático y la extrema debilidad de su economía. La contundencia de las cifras del balotaje y el ejemplar comportamiento ciudadano durante la prolongada campaña concluyeron en la elección de un nuevo presidente, que asumirá el mando en medio de grandes expectativas y con el apoyo de un sistema político que podría asegurarle una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa.
En contrapartida, el nuevo mandatario deberá lidiar con una economía colapsada: desequilibrio fiscal, crisis energética, alta inflación, escasez de dólares, caída de la productividad y erosión de la confianza pública. Todo ello puede derivar en una crisis social si los problemas no se abordan con rapidez y decisión.
Si asumimos que la economía es el problema más urgente e importante, es previsible que las primeras medidas del gobierno entrante estén dirigidas a enfrentar la crisis terminal que nos agobia. Pero también es indudable que las decisiones en esta materia deben ser producto de un consenso nacional y, sobre todo, estar coordinadas y articuladas con el sector privado.
Esto es necesario porque el rol de las empresas será decisivo para reconstruir las bases de un crecimiento sostenible, inclusivo y moderno. Esa tarea exige, a la vez, una reorientación del empresariado y un cambio real en la visión del Estado hacia la iniciativa privada.
Durante las dos últimas décadas, el masismo gobernante concibió al sector privado como un actor subordinado y un escollo para sus objetivos hegemónicos. La narrativa del “Estado productor” y del “empresario especulador” justificó políticas que debilitaron la inversión, la seguridad jurídica y la libertad económica. La presión impositiva, la discrecionalidad regulatoria y la falta de condiciones para competir en igualdad de oportunidades erosionaron el tejido productivo nacional. Se desincentivó la formalidad, se promovieron monopolios estatales y se desarticuló la cooperación público-privada. Como resultado, el sector empresarial formal terminó fragmentado, profundamente debilitado y excluido de las decisiones, justo cuando más se necesitaba su presencia para defender el desarrollo productivo, el empleo y la innovación.
Hoy, en el inicio de un nuevo ciclo económico y político, tanto el Estado como el sector privado deben repensar sus roles. El empresariado necesita recuperar su protagonismo. No basta con reclamar estabilidad o seguridad jurídica: es tiempo de asumir una agenda de transformación profunda, con más innovación, más dinamismo y más inclusión. Las nuevas realidades del mercado exigen reconocer a las micro y pequeñas empresas, a los emprendedores, a las mujeres y a los jóvenes como actores plenos del tejido empresarial. La diversidad empresarial ya no es una tendencia: es la base del nuevo modelo productivo.
Por su parte, el nuevo gobierno debe comprender que sin un sector privado fuerte no habrá recuperación posible. La estabilidad macroeconómica requiere inversión, y la inversión sólo surge cuando existe confianza y reglas claras. El Estado debe dejar de ver al empresario como adversario o como sujeto funcional a sus intereses, y entenderlo como un aliado estratégico en la generación de empleo, riqueza y bienestar.
La sostenibilidad debe ocupar un lugar central en esta agenda renovada. Las empresas del futuro no solo producen bienes y servicios: generan valor social y ambiental. Incorporar criterios de sostenibilidad y gobernanza no es una moda, sino una condición para competir y sobrevivir. El empresariado boliviano tiene la oportunidad de liderar este cambio hacia un modelo responsable, moderno y conectado con las tendencias globales.
Fortalecer la institucionalidad empresarial es esencial. No habrá sector privado fuerte si sus organizaciones gremiales no son sólidas ni representativas, o si se limitan a repetir demandas sectoriales. Las instituciones empresariales deben volver a ser espacios de pensamiento estratégico, incidencia política y articulación social, no meros instrumentos de defensa corporativa.
Bolivia necesita un nuevo pacto entre el Estado, las empresas y la sociedad. Un pacto que trascienda lo económico y reconozca que el crecimiento sostenible solo es posible con libertad, responsabilidad y cooperación. El nuevo ciclo económico debe ser la oportunidad para reconstruir la confianza y demostrar que el empresariado es una fuerza indispensable para el desarrollo nacional.
Bolivia demanda un compromiso renovado y conjunto entre el Estado y el empresariado privado. No es momento de debates ideológicos que estanquen el desarrollo, sino de asumir con responsabilidad que un sector privado fuerte y dinámico es indispensable para generar empleo, inversión y bienestar sostenible. Este es el camino irreversible hacia el progreso y la estabilidad que el país exige y merece.
Ronald Nostas Ardaya es industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
