El Presidente Luis Arce ha puesto en marcha este jueves 23 de octubre el Decreto Presidencial 5460, que otorga indultos a personas que están privadas de libertad por delitos menores. La Defensoría del Pueblo ha indicado que esta medida tiene como propósito descongestionar los centros penitenciarios del país, donde el hacinamiento supera el 105%. Esta norma fue firmada por el Ejecutivo en septiembre y posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El mandatario explicó que la norma establece los criterios, requisitos y pasos necesarios para acceder a este beneficio. Se aplica a quienes tengan una sentencia ejecutoriada al momento de la publicación o la obtengan durante la vigencia de la norma, que se extenderá por un año. Además, Arce destacó que la medida también busca aliviar la presión sobre los internos que aún están a la espera de la revisión de sus procesos judiciales.
Criterios para el indulto
Según lo dispuesto, podrán recibir indulto los reclusos con condenas de hasta diez años sin necesidad de haber cumplido parte de la pena. También podrán acceder quienes tengan sentencias de hasta 12 años y hayan cumplido al menos un tercio de la condena, así como aquellos con penas de hasta 15 años que hayan cumplido la mitad de la sentencia. Esta graduación permite abarcar distintos niveles de condena y favorece la reducción gradual del hacinamiento.
Exclusiones del beneficio
No obstante, quedan excluidos del beneficio los delitos que no admiten indulto, los casos en grado de tentativa y las personas que ya recibieron amnistías o indultos en los últimos 5 años. Tampoco se otorgará a quienes hayan cometido crímenes graves como genocidio, terrorismo, feminicidio, asesinato, parricidio, infanticidio, trata de personas, corrupción, secuestro, tráfico ilícito de armas, acoso o violencia política. Esto incluye los casos donde las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad.
Situación actual en las cárceles
La Defensoría del Pueblo alertó que hasta julio había más de 33.000 privados de libertad en el país, y que más del 55% de ellos se encuentra en detención preventiva sin sentencia. Este uso excesivo de la detención preventiva contribuye de manera significativa al hacinamiento. Por lo tanto, la entidad destacó la necesidad de aplicar medidas urgentes para garantizar derechos, seguridad y un manejo adecuado de los centros penitenciarios.
