El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024, en la que establece diversas sanciones económicas y administrativas para los ciudadanos que no cumplan con sus deberes cívicos durante la segunda vuelta de las elecciones generales programadas para este domingo 19 de octubre.
La falta más significativa es la inasistencia a la votación, que conlleva una multa económica equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente. Esta información fue proporcionada por Unitel.
Restricciones por incumplimiento
El incumplimiento de la obligación de votar no solo implica una multa económica, sino que también establece restricciones temporales que durarán 90 días. Estas restricciones impedirán al ciudadano acceder a cargos públicos, realizar trámites bancarios y obtener un pasaporte.
Exenciones de sanciones
El TSE ha determinado que estarán exentos de esta sanción los ciudadanos que cumplan con ciertas condiciones que deben ser debidamente comprobadas. Estas condiciones incluyen a las personas mayores de 70 años, aquellos que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor, y quienes demuestren haber estado fuera del país el día de la elección.
Sanciones para jurados de mesa
La normativa también contempla sanciones más severas para los jurados de mesa que no cumplan con sus funciones. Aquellos que no asistan injustificadamente o abandonen las mesas de sufragio serán sancionados con el 50% del salario mínimo nacional vigente, lo que equivale a Bs 1.375.
Los jurados que se ausenten temporalmente sin autorización de la presidencia de mesa enfrentarán una sanción del 30% del salario mínimo. Por otro lado, quienes no participen en las juntas de jurados deberán pagar una multa del 5% del salario mínimo.
Multas para otros actores electorales
El documento también establece que los jurados que no informen de inmediato a los notarios electorales sobre violaciones a las normas electorales serán sujetos a una multa del 50% del salario mínimo.
Las multas y sanciones económicas también se aplican a otros actores electorales, como notarios, servidores públicos y ciudadanos que incumplan sus deberes durante la segunda vuelta de las elecciones.