Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo del Presidente de Bolivia, Luis Arce, se presentó este viernes ante un juez en Santa Cruz. La Fiscalía Departamental lo ha imputado por el presunto delito de violencia familiar y doméstica. Además, ha solicitado su detención preventiva por un periodo de 6 meses, argumentando que esta medida es necesaria para garantizar el desarrollo del proceso, a pesar de que la denunciante ha retirado la acusación, según la información proporcionada por Unitel.
Detalles de la audiencia
La audiencia para definir las medidas cautelares contra Luis Marcelo comenzó pasadas las 15:30 horas de este viernes en el Juzgado 21 de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres. Este juzgado se encuentra en el piso 12 del Palacio de Justicia en la capital cruceña.
El hijo del Presidente llegó al juzgado bajo un fuerte resguardo policial, después de haber pasado la noche en celdas de las fuerzas del orden. El propósito de esta audiencia es determinar si Arce Mosqueira enfrentará el proceso en libertad o si se le aplicará la medida excepcional de detención, según informó Unitel.
Imputación y solicitud de detención
El Ministerio Público ha formalizado la imputación por el presunto delito de violencia familiar y doméstica. La fiscal del caso, Jessica Echeverría, junto con el fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicaron las bases de la acción legal. Solicitaron la detención preventiva por 180 días en un centro de reclusión.
La Fiscalía argumentó que la detención es “necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar cualquier obstaculización”.
Detalles de la aprehensión
La aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira se realizó en cumplimiento de una orden emitida el 20 de septiembre. Además, se confirmó que el acusado tenía activado un sello rojo de Interpol, según informó Red Uno.
A pesar de que el proceso se inició tras una denuncia presentada por M. C. C. B., quien luego retiró la acusación, la Fiscalía ha decidido continuar con la investigación de oficio. Esta decisión se basa en la política de combate a la violencia contra las mujeres, donde el desistimiento de la víctima no anula la acción penal.
