Legisladores de oposición solicitaron este jueves 16 de octubre de 2025 al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, que convoque con urgencia a una sesión plenaria. El objetivo es tratar el proyecto de ley que permite de manera excepcional la importación de combustibles por parte de privados. Esta propuesta es impulsada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y fue aprobada el miércoles en el Senado.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, afirmó que Bolivia enfrenta una emergencia nacional debido a la falta de abastecimiento. En este contexto, pidió a Yujra “actuar con responsabilidad ante la crisis”.
Bazán señaló que la norma es una medida transitoria de 3 meses que permitiría a los surtidores adquirir combustible directamente del exterior a precio internacional. Esto se haría sin dejar de lado la provisión subvencionada a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Solicitud urgente
El diputado Bazán anunció que la bancada de Creemos en Diputados enviará una nota a Yujra solicitando que se trate la norma de manera urgente. “Bolivia está paralizada, los productores no pueden trabajar y los precios suben cada día. Esta ley es una respuesta inmediata para evitar que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria”, sostuvo.
Tratamiento directo en el Pleno
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, anunció que solicitará que la norma sea tratada por dispensación de trámite. Esto se haría sin pasar por comisión, argumentando que la crisis energética constituye una situación de conmoción nacional.
“La falta de diésel y gasolina está paralizando el transporte y la producción. El reglamento permite un tratamiento directo en el Pleno cuando el orden público y la economía están gravemente afectados”, explicó Alarcón.
Cuestionamientos a la propuesta
La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Rosario García, cuestionó la propuesta y advirtió sobre la falta de controles. “Tiene que haber supervisión del Estado. No se puede permitir que cualquier privado traiga combustible sin un control riguroso. Este proyecto no tiene una base sólida y podría prestarse a irregularidades”, declaró.
García también expresó preocupación por la posibilidad de que la medida beneficie a grupos empresariales o cívicos con intereses particulares.
Apertura temporal del mercado
El proyecto de ley plantea una apertura temporal del mercado de combustibles por 90 días para aliviar la crisis de abastecimiento. Según los proyectistas, YPFB mantiene paralizadas más de 600 cisternas con 20 millones de litros de carburantes en Santa Cruz, lo que afecta la producción y el transporte en todo el país.
