El abogado Abel Loma, junto a los denunciantes Guido Hashimoto y su pareja Jenny Téllez Alba, presentó este jueves 16 de octubre de 2025 una denuncia formal contra el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. La acción judicial se fundamenta en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y uso indebido de influencias. Este hecho fue dado a conocer en La Paz, donde los denunciantes solicitaron ampliar la investigación a otras autoridades.
Detalles de la denuncia
Loma explicó que la denuncia incluye documentación que respalda los señalamientos y que fue obtenida en los procesos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias en contra del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Según el jurista, Huarachi habría recibido dinero no solo de Santos Cruz, sino también de otras carteras de Estado.
Además, informó que se pedirá la citación del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, debido a declaraciones públicas en las que afirmó que el denunciante se habría beneficiado con más de 19 millones de bolivianos. Loma cuestionó esas afirmaciones y sostuvo que el viceministro deberá explicar el origen de esa información.
Cuestionamientos al viceministro
“Eso debe comprobarlo y será convocado en este proceso porque parece que el señor Aguilera sabe mucho de este caso”, manifestó Loma.
El abogado también cuestionó la difusión de versiones falsas sobre una supuesta orden de aprehensión contra Huarachi por casos relacionados con vehículos. Indicó que esa información busca distraer la atención y evitar que se investigue el verdadero origen del patrimonio del exdirigente.
Solicitudes al fiscal
Por esa razón, el abogado pidió al fiscal departamental William Torres permitir el avance del proceso sin interferencias. Señaló que la investigación debe abarcar el perfil económico y patrimonial de Huarachi para determinar si cometió irregularidades entre 2018 y 2025, periodo en el que estuvo al frente de la COB.
Reacciones de los denunciantes
Por su parte, el denunciante Guido Hashimoto negó cualquier vínculo con Huarachi o con actos de corrupción. Además, señaló que son falsas las afirmaciones del viceministro Aguilera, quien habría declarado que mantiene 19 millones de bolivianos en sus cuentas y que pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Da pena que una autoridad gubernamental que está a cargo de la Policía Boliviana utilice su influencia para investigarme afirmando que yo lo conozco o él me conoce”, expresó el denunciante.
Acciones legales por difamación
Hashimoto anunció que iniciará acciones legales por difamación y calumnia contra Aguilera y otras autoridades que lo involucraron en el caso. También negó haber solicitado al Ministerio de Gobierno que su madre sea testigo protegida. Aclaró que, si bien trabajó brevemente en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en 2022, su contrato concluyó sin observaciones y no tuvo participación en ningún hecho irregular.
La denunciante Jenny Téllez Alba, pareja de Hashimoto, también desmintió las declaraciones que la señalan como parte del caso en el que se habrían recibido “coimas”. Confirmó que trabajó en el Ministerio de Gobierno, aunque aclaró que su salida se debió a motivos políticos.
Defensa de Jenny Téllez
“Él dice que me han sacado del Ministerio de Gobierno porque han visto que mis cuentas han sido utilizadas por el caso Coimas, totalmente falso. Me han sacado porque soy evista y además estaba en estado de gestación”, explicó la denunciante.
Téllez expresó su molestia por haber sido mencionada sin pruebas y sostuvo que sus cuentas bancarias solo reflejan movimientos salariales. “Qué mal que un viceministro haga declaraciones totalmente falsas, involucrándome con otras personas. Yo soy madre de familia, mujer y cabeza de hogar”, declaró Téllez con evidente indignación.
Exigencias de los denunciantes
Los denunciantes coincidieron en exigir a las autoridades judiciales una investigación imparcial y transparente. Indicaron que esperan que el proceso permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.
