El director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Eddy Álvaro Antezana García, ha sido imputado por el presunto delito de uso indebido de influencias. Esta información fue confirmada por el fiscal Omar Mejillones.
La imputación se relaciona con un caso que ocurrió en el municipio de Yanacachi, en el departamento de La Paz. Se alega que Antezana actuó en beneficio de una cooperativa minera al anular un trámite de contrato minero que era legítimo.
Mejillones anunció, a través de la Red Gigavisión, que se solicitará la detención domiciliaria, así como medidas de arraigo y la firma en el Ministerio Público. “Al director de la AJAM se le imputa el delito de uso indebido de influencias. El Ministerio Público ha solicitado medidas sustitutivas a la detención preventiva, que incluyen detención domiciliaria, arraigo, firma periódica, presentación ante el Ministerio Público en intervalos determinados y la presentación de garantes personales”, indicó el fiscal.
Antecedentes de la investigación
Según los antecedentes y la investigación, pobladores del municipio denunciaron que Antezana, cuando era director departamental de la AJAM, presuntamente rechazó y anuló un trámite de contrato minero por extinción, debido al fallecimiento del propietario de cuatro concesiones mineras. Sin embargo, posteriormente, dio curso a la solicitud de otras personas que no eran las legítimas dueñas de esas áreas mineras.
Tras revisar los antecedentes, se evidenció que Antezana permitió un segundo proceso de extinción minera, a pesar de que ya existía una resolución ejecutoriada sobre el mismo caso. Por esta razón, se solicitará la aplicación de las medidas sustitutivas.
Posesión en la AJAM
La semana pasada, Eddy Álvaro Antezana fue posesionado como director ejecutivo nacional de la AJAM, a pesar de que enfrenta una imputación formal por el delito mencionado. La denuncia señala que el funcionario actuó en coordinación con la Cooperativa Minera Aurífera Flor de Mayo Chuñavi Ltda., con el objetivo de lograr la extinción de los derechos mineros que habían sido adjudicados anteriormente a Mario Zapata Calderón.
Además, se busca evitar la adecuación solicitada por su hija, Carla Niniska Zapata, para beneficiar a dicha cooperativa.
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