La Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció este miércoles que ha enviado al Parlamento la denuncia presentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Estos magistrados prorrogaron su mandato a finales de 2023, en un contexto donde las elecciones judiciales no pudieron llevarse a cabo ese año.
Esta decisión fue tomada por la fiscal analista de Chuquisaca, quien analizó la Constitución boliviana y la Ley Procesal que regula el juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial. Así lo explicó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público.
Mariaca destacó que esta determinación se apoya en un “auto de vista” que fue emitido por una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Esta es la región donde se presentó la denuncia y el auto determinó que la vía ordinaria no era competente para procesar a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por esta razón, el Ministerio Público decidió remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En concreto, se envió a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se evalúe la situación jurídica de los magistrados denunciados, según lo indicado por el fiscal general.
El fiscal Mariaca también mencionó que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca revisó todos los antecedentes del caso dentro de los plazos legales establecidos. Además, se tomaron en cuenta decisiones jurisdiccionales previas para asegurar que la determinación no infrinja el procedimiento legal.
El Ministerio Público no tiene la autoridad para procesar ni destituir a autoridades electas, de acuerdo con el mandato constitucional. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano competente, la que debe analizar y decidir sobre la situación jurídica de los magistrados denunciados, manifestó el fiscal.
“Si la Asamblea emite un informe que permita al Ministerio Público actuar, lo haremos, siempre dentro del marco de la legalidad”, agregó el funcionario.
Demanda penal contra magistrados
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, presentó el martes una demanda penal contra los magistrados del TCP: Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karen Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo. Esto se debe a los presuntos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes” y “usurpación de funciones”.
Saucedo expresó en sus redes sociales que el Tribunal Constitucional es “una de las instituciones que más daño ha causado al país y a su democracia” a través de los magistrados que se han autoprorrogado. También manifestó que no se puede permitir que “un puñado de personas destruyan la institucionalidad”.
Elecciones judiciales en Bolivia
Las elecciones judiciales en Bolivia se llevaron a cabo en diciembre de 2024, un año después de lo previsto debido a problemas en el Legislativo y a numerosas causas judiciales que retrasaron el proceso en varias ocasiones.
Por un fallo constitucional, estos comicios se realizaron únicamente en 4 departamentos, mientras que en 5 no se pudo elegir a los jueces del TCP. En 2 de esos departamentos tampoco se eligieron a los magistrados del TSJ.
El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía concluir a principios del año pasado. Sin embargo, en diciembre de 2023, el TCP decidió extenderlo, argumentando que era necesario evitar un “vacío de poder”.
Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aún más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales, lo cual debe hacerse mediante una ley.
