El senador Luis Adolfo Flores cuestionó este miércoles el accionar de la Cámara de Diputados por mantener paralizada la ley de convocatoria a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante más de 1 mes y medio. Además, criticó la reciente decisión de la Fiscalía General del Estado de rechazar la denuncia por presunto fraude electoral del pasado 17 de junio. Estas declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión institucional que rodea al proceso electoral boliviano.
“Los diputados están incumpliendo su obligación constitucional”, advirtió Flores, al referirse al estancamiento de la ley que permitiría la designación de nuevos vocales. Indicó que si el proyecto es finalmente derivado al Senado, se analizará y corregirá si es necesario. Sin embargo, lamentó la falta de voluntad en la Cámara Baja, a la que acusó de responder a intereses particulares.
Suspensión de vocales del TSE
De manera paralela, el senador se refirió al proyecto presentado por su colega Pedro Vargas, que plantea la suspensión de los actuales vocales del TSE por haber acatado las disposiciones de un Tribunal Constitucional autoprorrogado. La legalidad de este tribunal ha sido ampliamente cuestionada en las últimas semanas. “No es inconstitucional suspenderlos si han incumplido la ley”, afirmó Flores, señalando que ese debate deberá darse en el Legislativo.
Negaciones sobre planes políticos
Respecto a los señalamientos sobre un supuesto plan político para alterar la sucesión presidencial, Flores negó cualquier intención en ese sentido y ratificó que su mandato concluye en noviembre de 2025. “No pienso quedarme un día más”, sostuvo, al tiempo que denunció acuerdos entre candidatos y magistrados prorrogados. “Algunos han utilizado a estos autoprorrogados y ahora los quieren pisotear. Actuaron de forma irregular e inconstitucional”, afirmó.
Investigación sobre fraude electoral
En relación con la decisión de la Fiscalía General de no admitir la denuncia sobre presunto fraude electoral, el senador pidió que se investigue a fondo la posible manipulación de datos personales e informáticos. Esto no tiene como objetivo anular el proceso electoral, sino garantizar la integridad de futuros comicios.
“Bolivia necesita saber si hubo ingreso ilegal a datos sensibles de la población que podrían estar alojados en plataformas internacionales”, advirtió. Además, planteó la necesidad de establecer si se manipularon actas entre los distritos y el tribunal electoral, lo que podría poner en duda procesos venideros como las elecciones subnacionales o las presidenciales de 2030.
Transparencia en las instituciones
“El país requiere transparencia y confianza en sus instituciones. Si no se investiga, seguirá existiendo duda en el pueblo boliviano sobre la credibilidad del órgano electoral”, concluyó.
