La política boliviana vivió un momento inusual de consenso este miércoles debido a un intento inesperado en el Senado de discutir el proyecto de Ley 307. Esta ley busca suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La iniciativa, que fue impulsada por el senador Pedro Benjamín Vargas, fue rechazada de forma contundente tanto por el Gobierno central como por las bancadas del oficialismo y la oposición. Todos advirtieron sobre el grave riesgo que esto representa para la realización de la segunda vuelta electoral.
El conflicto se intensificó después de que el Presidente Luis Arce denunciara públicamente un “plan” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para “truncar la segunda vuelta” y prorrogar los mandatos de las autoridades nacionales, que finalizan el próximo 8 de noviembre.
Advertencia del presidente Arce
“Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la ALP por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses,” afirmó Arce.
La crisis se desató durante una sesión matutina del Senado, cuando se sugirió adelantar otra sesión para la tarde del miércoles con la supuesta intención de “tratar proyectos postergados”, incluyendo uno relacionado con el turismo. Sin embargo, el senador Vargas aprovechó la ocasión para solicitar que se incluyera el proyecto que propone la destitución de los vocales electorales.
Críticas a la iniciativa
Senadores de diferentes facciones cuestionaron esta iniciativa, argumentando que buscar la cesación de las autoridades electorales para extender sus propios mandatos iba en contra de los principios que habían defendido anteriormente, como en el caso de la crítica a los magistrados prorrogados.
La senadora Patricia Arce, que forma parte de la Comisión de Constitución, intervino para señalar que el proyecto aún no contaba con el informe técnico de la Comisión, lo que impedía su tratamiento en el pleno.
Retiro del proyecto
Ante la ola de críticas, el senador Vargas, quien justificó su proyecto en la inconstitucionalidad de haber realizado elecciones judiciales parciales, terminó pidiendo que no se tratara la norma y que se esperara el informe correspondiente.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó durante la sesión en la Cámara Alta de la ALP que el proyecto de Ley 307 “no está en agenda”. Aclaró que solo se prevé tratar aquellos proyectos de ley que cuenten con informes.
Reacción a nivel departamental
“Cabe aclarar que el proyecto de ley no está en agenda; no se trata de una decisión colectiva, sino de una decisión personal del senador. Lo que solicita es una dispensación. Si hay apoyo, se procederá; de lo contrario, no. En agenda están únicamente los proyectos que ya cuentan con informes,” afirmó el titular de la Cámara Alta durante la sesión.
La preocupación se extendió a nivel departamental. Según información de Unitel, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se unió al rechazo, calificando la iniciativa como un ataque a la democracia.
“Con total claridad y contundencia rechazamos un nuevo intento del MAS de atentar contra la democracia, al tratar de cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y evitar que haya una segunda vuelta,” escribió Camacho en redes sociales, reflejando el consenso generado por el riesgo electoral.
