El futuro de Evo Morales frente a la justicia ha sido uno de los temas más discutidos en la agenda política de esta semana. Tres autoridades de diferentes corrientes ideológicas han expresado posiciones claramente diferenciadas sobre la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes contra el exmandatario.
El diputado Alberto Astorga advirtió que un próximo gobierno opositor activará la detención de forma inmediata. Por otro lado, la diputada Gladys Quispe sostuvo que el proceso tiene fundamentos débiles y no hay víctimas identificadas. El viceministro Gustavo Torrico reconoció que la aprehensión debe cumplirse, pero advirtió que su ejecución debe ser cuidadosamente planificada para evitar una escalada de violencia.
Astorga, parlamentario de Alianza Libre, señaló que Evo Morales ha sido protegido por el actual Gobierno de Luis Arce, al que calificó como “pusilánime y mediocre”. Afirmó que Morales se encuentra “autoexiliado” en el Chapare, resguardado por “narcotraficantes y gente armada”. Para el legislador, la inacción del Ejecutivo es una muestra de privilegio político y aseguró que, si Jorge Tuto Quiroga gana la presidencia, la orden de aprehensión se ejecutaría “a los 10 minutos”, enviando a Morales al penal de Chonchocoro por los delitos de estupro, trata y tráfico.
Defensa de Morales
Desde la vereda opuesta, la diputada Gladys Quispe, del ala evista del MAS, defendió a Morales, negando la legitimidad del proceso judicial. Afirmó que se trata de un caso “armado” y de “persecución política”, sin que exista una víctima reconocida en el expediente. Esto contrasta con el caso que involucra al presidente Luis Arce, donde, según dijo, sí hay un denunciante.
Para Quispe, la no ejecución de la orden responde a un proceso judicial sin sustento real. Reiteró que Evo Morales no es candidato y criticó que continúe siendo el eje de los ataques opositores.
La postura del gobierno
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, asumió una postura intermedia. Reconoció que la orden de aprehensión debe cumplirse porque es un mandato judicial, pero advirtió sobre el riesgo de una respuesta social violenta, especialmente en el Trópico de Cochabamba.
“Hay que medir todas las consecuencias. No se trata solo de enviar soldados y lanzar gases”, afirmó. Torrico señaló que una detención inmediata podría derivar en movilizaciones que busquen victimizar a Morales, presentándolo como perseguido por su condición indígena. Aun así, insistió en que no se puede permitir la impunidad y calificó de “vergüenza” que se intente aplicar justicia comunitaria para delitos comunes.
Investigación electoral y posibles estrategias
Respecto al intento de algunos sectores parlamentarios de conformar una comisión especial para investigar los resultados electorales y justificar una eventual anulación del proceso, Astorga alertó que se trataría de una estrategia para frenar la segunda vuelta y prolongar mandatos en la Asamblea.
Para el diputado, el objetivo de estos sectores, incluidos algunos evistas y opositores “comprados”, es evitar que un nuevo gobierno haga cumplir las órdenes de aprehensión. Quispe, por su parte, defendió la creación de la comisión, señalando que su propósito es dar transparencia al proceso electoral.
Torrico, en cambio, consideró que la narrativa del fraude electoral busca instalar un “golpe blando” para habilitar nuevamente a Morales, quien ya se pronunció asegurando que fue víctima de manipulación y que habría ganado la primera vuelta.
