El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza anunció el domingo que la Asamblea de Tarija está evaluando la posibilidad de abrogar cerca de 100 leyes departamentales que han quedado obsoletas o que no tienen viabilidad financiera. Este proceso de saneamiento se lleva a cabo en el marco de la gestión legislativa actual y en el contexto de una nueva ley que condiciona la ejecución de normas a la disponibilidad presupuestaria.
Mauricio Lea Plaza, asambleísta de Tarija, explicó en una entrevista televisiva en el programa “Antes de Media Noche” de Televisión Andalucía que, aunque la Asamblea Departamental ha aprobado leyes estructurales importantes como la Ley 503, que otorga viabilidad financiera al gobierno departamental, hoy enfrenta el desafío de decidir el futuro de normativas que ya no son aplicables o que no se pueden cumplir.
De las 506 leyes departamentales vigentes en Tarija, alrededor de 100 están bajo análisis para determinar si deben ser abrogadas. Muchas de estas leyes ya no se aplican debido a que han cumplido sus plazos, por falta de recursos o porque sus competencias han sido asumidas por instancias nacionales o municipales.
Nueva ley de disponibilidad financiera
La adaptación normativa ya recibió un impulso con la aprobación de la Ley de Disponibilidad Financiera. Esta ley obliga a que toda nueva ley sea compatible con los recursos económicos disponibles del departamento, eliminando así obligaciones automáticas de financiamiento que no cuenten con respaldo presupuestario.
Objetivo del saneamiento legislativo
Lea Plaza subrayó que este proceso de saneamiento administrativo y legislativo busca modernizar el marco legal departamental. El objetivo es despejar la acumulación de normas que no tienen efecto práctico y mejorar la imagen de la Asamblea Departamental, cuya reputación ha sido cuestionada por la población.
El proceso requerirá una revisión exhaustiva de cada ley, una por una, para identificar aquellas que ya no tienen vigencia real. Esto incluye leyes cuyo objeto se ha cumplido, que se han vuelto inviables o que duplican tareas de competencias municipales o nacionales.
