El próximo gobierno de Bolivia, que tomará posesión en noviembre de 2025, se enfrentará a un desafío significativo: una medida arancelaria impuesta por Estados Unidos. Desde agosto de 2025, este país ha comenzado a gravar con un 15% productos clave de exportación boliviana, como la castaña, la quinua y el estaño. Este ajuste comercial, que tiene un enfoque geoeconómico, se suma a un contexto interno caracterizado por una vulnerabilidad estructural, un déficit fiscal y una inflación en aumento.
La política arancelaria de Estados Unidos hacia Bolivia marcará un inicio complicado para el nuevo gobierno. Desde agosto de 2025, el país norteamericano ha incrementado al 15% los aranceles sobre un grupo de exportaciones bolivianas. Este aumento se suma a una tasa del 10% que ya estaba vigente desde abril. Entre los productos afectados se encuentran la castaña, la quinua, el estaño, el antimonio y el wólfram, los cuales representan el 72% del total de exportaciones de Bolivia hacia EE.UU.
Un informe del Laboratorio de Análisis de Políticas de Relaciones Internacionales y Diplomacia (Laprid), titulado “Más allá del comercio: aranceles, vulnerabilidad estructural y diplomacia en la relación Bolivia-EE.UU.”, indica que la respuesta de Estados Unidos no es únicamente comercial, sino también geopolítica. La investigación, realizada por el economista Rodrigo Burgoa y la politóloga Amanda Alurralde, destaca que esta medida refleja un uso estratégico de herramientas económicas para ejercer presión política sobre países con posturas divergentes.
Impacto en pequeños productores
Rodrigo Burgoa advirtió sobre la sensibilidad de los productos no tradicionales como la castaña y la quinua. Estos sectores están compuestos mayormente por pequeños productores y comunidades rurales. Por lo tanto, las consecuencias sociales de los aranceles pueden ser perjudiciales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024, Estados Unidos fue el décimo segundo socio comercial de Bolivia, con exportaciones que alcanzaron aproximadamente 271,5 millones de dólares estadounidenses. Aunque el porcentaje de exportación a EE.UU. representa solo un 3,04% del total nacional, el impacto en sectores específicos podría ser desproporcionado si no se implementan mecanismos de contención.
Trasfondo político del arancel
Andrés Guzmán, un internacionalista, considera que el incremento de los aranceles tiene un trasfondo político. “La lógica económica no respalda esta decisión. Bolivia mantiene un déficit comercial con Estados Unidos, por lo que no hay motivo técnico para elevar los aranceles. Lo que vemos es una represalia ideológica por la postura antiimperialista del gobierno boliviano”, afirmó Guzmán.
Otros países también han sido afectados por medidas similares, como Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Israel, Japón y Corea del Sur. En el caso de Brasil, la carga adicional del 40% sobre ciertas exportaciones fue interpretada como un castigo político debido al juicio al expresidente Jair Bolsonaro, quien es considerado un aliado del expresidente Donald Trump.
Cuestionamientos legales
Desde una perspectiva legal, el estudio del Laprid también pone en duda la legitimidad de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Asegura que esta política contradice principios básicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tales como la igualdad de trato y la transparencia. Además, el uso recurrente del argumento de “seguridad nacional” por parte de Washington dificulta que la medida sea impugnada en foros multilaterales.
Reestructuración de la política exterior
Álvaro del Pozo, analista en relaciones internacionales, sostiene que la primera tarea del nuevo gobierno será reestructurar la política exterior del país para salir del aislamiento. “La diplomacia boliviana debe trascender la coyuntura y convertirse en una herramienta estratégica de inserción comercial. No podemos limitar nuestras relaciones a afinidades ideológicas”, afirmó Del Pozo.
Del Pozo también sugirió que Bolivia debe fortalecer vínculos con regiones clave como el sudeste asiático, África y Europa, y no depender únicamente de acuerdos bilaterales con países afines. “Hay que buscar mercados con interés real en nuestros productos, independientemente de las diferencias culturales o políticas”, subrayó.
Presión económica adicional
La situación macroeconómica añade presión a la agenda del nuevo gobierno: las reservas internacionales están en descenso, el déficit fiscal es creciente y la inflación supera el 18%. En este contexto, la imposición de aranceles a productos estratégicos podría agravar aún más el escenario económico.
El informe del Laprid recomienda adoptar una estrategia nacional que combine la diversificación efectiva de mercados y productos, priorice la industrialización de minerales y agroalimentos, y reactive negociaciones comerciales con bloques como la Unión Europea, la ASEAN y el continente africano. Además, sugiere invertir en certificaciones e infraestructura logística para mejorar la competitividad exportadora.
