En menos de 14 días, dos iniciativas impulsadas por legisladores del oficialismo han intentado cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esto ha generado preocupación entre observadores internacionales y ha provocado una fuerte reacción institucional.
El proceso electoral boliviano, que se dirige hacia la segunda vuelta del 19 de octubre, enfrenta señales de presión política desde el propio oficialismo. En solo 14 días, se han registrado dos intentos legislativos que buscan interferir con el desarrollo normal de los comicios. Ambos intentos fueron promovidos por parlamentarios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque pertenecen a diferentes corrientes internas.
Primer intento legislativo
El primer hecho ocurrió el 17 de septiembre, cuando el senador Pedro Benjamín Vargas presentó un proyecto de ley. Este proyecto proponía cesar de forma inmediata a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, como consecuencia, prorrogar el mandato del actual Gobierno. La propuesta fue impulsada sin observaciones ni revisión por parte de comisiones legislativas y fue tramitada rápidamente por la bancada androniquista.
La justificación formal que expuso el senador por Potosí se basaba en una supuesta vulneración a la paridad de género en las listas electorales. Sin embargo, ante el rechazo generalizado, que incluyó críticas internas, Vargas se retractó públicamente días después. Afirmó que el texto de su iniciativa había sido alterado sin su consentimiento.
Reacción del candidato presidencial
El tema fue retomado el sábado 4 de octubre por el candidato presidencial de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga. Quiroga emplazó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a pronunciarse sobre la fallida iniciativa. Además, le recordó su compromiso firmado para garantizar la realización del balotaje sin interferencias.
Segundo episodio de interferencia
El segundo episodio tuvo lugar esta semana, cuando el excandidato a diputado, Peter Beckhauser, presentó una denuncia en la Fiscalía de La Paz. Esta denuncia se basaba en una supuesta adulteración de actas en la primera vuelta del 17 de agosto. Amparado en esta acusación, el diputado Gualberto Arispe, cercano al expresidente Evo Morales, propuso en la Cámara Baja conformar una comisión especial de investigación.
La solicitud fue admitida por la directiva de Diputados, presidida por Omar Yujra, del bloque arcista, y la resolución fue leída en plena sesión. Esta acción desató el rechazo inmediato de legisladores opositores, quienes abandonaron la testera, dejando sin quórum a la sesión y deteniendo el avance de la propuesta.
Defensa de la denuncia
Horas más tarde, el grupo evista convocó a una conferencia de prensa en la que defendió la denuncia presentada. Exigieron que se active la investigación parlamentaria, insistiendo en que ellos fueron los primeros en advertir posibles irregularidades en el conteo de votos.
Preocupación internacional
Ambos episodios han generado preocupación entre las misiones de observación internacional que ya se encuentran en el país. Estas misiones siguen de cerca el desarrollo del proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público emitieron comunicados institucionales alertando sobre los intentos de interferencia.
Desde el Ejecutivo, el presidente Luis Arce condenó públicamente las iniciativas. Sin embargo, evitó referirse a la actuación del diputado Omar Yujra, quien autorizó el tratamiento de la comisión en Diputados.
