El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, junto a representantes del sector industrial, ha manifestado su rechazo a la reactivación del proyecto de ley “Fomento y Desarrollo del Complejo Productivo Lácteo en Bolivia” en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa ya había sido rechazada anteriormente en la misma legislatura. Los opositores a la normativa han señalado que busca la continuidad del Fondo Pro Leche, el cual ha sido objeto de denuncias por irregularidades en su administración.
Este jueves 2 de octubre se discutirá el proyecto de ley “Fomento y Desarrollo del Complejo Productivo Lácteo en Bolivia”. Reyes ha advertido que esta propuesta, que tiene como objetivo crear el Fondo Productivo Lácteo “Leche Para Crecer”, es prácticamente idéntica a proyectos que fueron rechazados meses atrás. Además, ha señalado que su tratamiento podría estar en contra de la Constitución Política del Estado.
El legislador ha indicado que el Fondo Pro Leche manejó un total de 576 millones de bolivianos, de los cuales solo se invirtieron 74 millones. Hasta el momento, no se ha aclarado el destino del resto de los recursos. “Resulta que le cambian dos comas y un par de palabras y vuelven a poner el mismo proyecto, yendo en contra del artículo 163, numeral 9, de la Constitución, que establece que un proyecto rechazado solo puede volver a tratarse en la siguiente legislatura”, denunció Reyes.
Investigación solicitada
El diputado ha solicitado una reunión con la Contraloría para facilitar una investigación sobre el tema. También ha denunciado que el Fondo Pro Leche sigue funcionando sin un marco legal, lo que ha llevado a la búsqueda de la aprobación del nuevo proyecto de ley. “Si se aprueba esta normativa esta tarde, será para buscar un resguardo legal, porque este fondo todavía estaría funcionando sin un marco legal, lo que significa que no aguantan una auditoría”, afirmó.
Reyes ha adelantado que en la próxima legislatura impulsará una comisión de investigación sobre el manejo del fondo. Además, recordó que ya ha solicitado el arraigo de las principales autoridades vinculadas a su administración. “El Fondo Pro Leche es igual o peor que Emapa, igual o peor que el Fondo Indígena”, sostuvo el legislador.
Preocupación del sector industrial
En la misma línea, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó el miércoles 1 de octubre su “profunda preocupación” por la inclusión del proyecto en la agenda legislativa y exigió su archivo definitivo. A través de un pronunciamiento, la entidad recordó que iniciativas con contenido similar, como los proyectos PL 412/2024 y PL 470/2024, ya fueron rechazadas en abril. Por lo tanto, su nueva presentación vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.
La CNI también cuestionó que la propuesta haya sido elaborada sin un proceso de socialización ni consulta con los sectores productivos involucrados. “Esta ausencia limita el análisis técnico y la construcción de consensos necesarios para formular políticas públicas efectivas y equitativas para el desarrollo del complejo productivo lácteo boliviano”, señala el pronunciamiento.
Historia del Fondo Pro Leche
El Fondo Pro Leche fue creado por la Ley N° 204 en 2011 como un Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo. Su objetivo principal es garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la cadena productiva de la leche en Bolivia. Sin embargo, desde hace años, los productores lecheros del país han exigido un ajuste en el precio del litro de leche cruda que entregan a la industria, regulado por una banda de precios fijada por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural y Tierras.
Para el sector, antes de crear nuevos fondos, es fundamental revisar las políticas de incentivo y las condiciones de comercialización que afectan directamente a la cadena productiva. La CNI insistió en que el proyecto sea retirado del debate legislativo, ya que su aprobación no solo implicaría un uso inadecuado de recursos públicos, sino que también podría abrir la puerta a nuevos actos de corrupción.
“Archivar la iniciativa permitirá preservar la institucionalidad y garantizar un entorno adecuado para el fortalecimiento sostenible del sector productivo nacional”, concluyó la entidad.
