Este miércoles 1 de octubre, el diputado Héctor Arce exigió la ampliación de las investigaciones contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por presuntos actos de corrupción y daño económico al Estado en varios proyectos ejecutados por la empresa estatal. Además, denunció el desistimiento de la denuncia contra uno de los hijos del presidente Luis Arce, quien está siendo investigado por operaciones irregulares en la venta de maíz y trigo.
Desde la Asamblea Legislativa, el diputado Héctor Arce informó que se presentó un memorial ante el Ministerio Público para solicitar la ampliación de las investigaciones contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El legislador detalló que los presuntos actos de corrupción no se limitan a la planta procesadora de papa en El Alto, sino que abarcan múltiples proyectos ejecutados por la empresa estatal en diferentes puntos del país.
Según Arce, estos hechos se remontan a 2023 y principios de 2024, cuando se presentaron varias denuncias penales por malos manejos económicos. Mencionó, por ejemplo, la contratación de la empresa Tejeser SRL por más de 4,4 millones de bolivianos para sembrar maíz en Guarayos. “No se cosechó absolutamente nada y, sin embargo, se pagó el total del contrato. Incluso se alteraron informes técnicos”, denunció.
Contrataciones irregulares
El legislador también hizo referencia a una segunda contratación irregular en San Borja, donde se adjudicaron casi 2,9 millones de bolivianos a una empresa veterinaria sin experiencia agrícola. “Contratan a un veterinario para sembrar 500 hectáreas de maíz y no sacan ni un grano. Luego se inventan que hubo una inundación”, explicó.
Otras observaciones incluyen la inversión de 75 millones de bolivianos en una planta piscícola en el lago Titicaca, donde, según Arce, se pagó por equipamiento que nunca llegó. También mencionó centros de transformación de granos en Guayabillas e Incahuasi que, hasta la fecha, permanecen abandonados o con garantías falsas. “En Incahuasi se presentaron dos boletas de garantía falsas y nadie hizo nada. Es un daño económico evidente”, sostuvo.
Corrupción tolerada
Arce fue contundente al afirmar que la corrupción dentro de Emapa fue tolerada y respaldada por altas autoridades del Ejecutivo. “La ministra María Nela Prada y el presidente Luis Arce conocían estos hechos. Presionaban para que se paguen contratos sin ejecución. Esa protección institucional ha blindado a Franklin Flores”, afirmó.
El legislador también vinculó directamente al exgerente de Emapa con el empresario Walter Efraín Alse Chirinos, quien, según Arce, habría acumulado contratos millonarios con la empresa estatal sin que se conozcan los criterios de adjudicación.
Denuncias sobre el presidente
Asimismo, denunció un caso de supuesta venta de harina con sobreprecio a dirigentes subvencionados, así como la participación de uno de los hijos del presidente Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, en la venta de maíz y trigo a Emapa por montos superiores a 24 millones de bolivianos. “¿Cómo es posible que el hijo del presidente le venda al Estado? Esto no es un chisme, es parte de la denuncia que hemos presentado”, afirmó Arce.
Aprehensión de Franklin Flores
Sobre la reciente aprehensión de Franklin Flores, el diputado reveló que ya sabía de la orden desde el martes y que el exfuncionario habría estado intentando evadir a la justicia. “Estaba escondido en casas de familiares, evadiendo la detención. Por suerte lograron aprehenderlo”, señaló.
Además, denunció la aparente protección judicial a otro de los hijos del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien fue denunciado por violencia contra una mujer. “La denuncia indica 12 días de impedimento, incluso con intención de homicidio. Ahora se pretende archivar el caso, pero debe seguir investigándose de oficio”, exigió.
Politización de Emapa
Arce también cuestionó la politización de Emapa y la designación de personal sin experiencia. “Franklin Flores no tenía ninguna formación para dirigir esta empresa. No sabía ni qué es una gerencia. Así se manejaron millones de bolivianos”, criticó.
Finalmente, el diputado expresó su respaldo a una futura investigación integral sobre los últimos 20 años de gestión estatal. “El que ha robado debe ir preso. Esto tiene que marcar un precedente. No se puede seguir pisoteando la dignidad del pueblo boliviano”, concluyó.
