Una adolescente de 17 años que fue agredida con un celular en el ojo por una compañera de curso en un colegio del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra, continúa bajo supervisión médica ante el riesgo de perder parcialmente la visión.
La agresora, de 18 años, será puesta ante un juez cautelar, pues su mayoría de edad permite que sea procesada como adulta. El caso ocurrió la tarde del pasado lunes 22 de septiembre dentro del aula.
Raúl Fernando Yabeta, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, detalló que el conflicto surgió entre dos estudiantes que eran amigas. “Primero se agarraron de los cabellos, luego la agresora, de 18 años, utilizó su celular para golpear a la víctima en el ojo, provocándole sangrado”, explicó.
La madre de la adolescente agredida presentó la denuncia formal ese mismo día. El caso fue tipificado inicialmente como lesiones leves, pero podría modificarse a lesiones graves dependiendo de la evolución de la lesión.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que tomó conocimiento del caso el jueves 24 de septiembre, ha solicitado una ampliación del informe médico forense. El informe inicial otorgó siete días de impedimento, pero la evolución de la lesión no fue favorable.
“Lo más probable es que en estos días se realice una nueva valoración para establecer si la menor requiere una intervención quirúrgica. Por ahora no se puede afirmar que perderá la visión, pero el daño sigue presente y el riesgo existe”, precisó Yabeta.
El caso escalará a la justicia ordinaria debido a que la agresora, que cursa sexto de secundaria, ya cumplió los 18 años. “Esto cambia la tipificación legal: ya no se trata de un caso bajo protección de Niñez y Adolescencia, sino que pasará a un juez cautelar”, confirmó Yabeta. Se espera la audiencia de medidas cautelares contra la joven.
La víctima declaró a los psicólogos que los problemas comenzaron por rivalidades académicas y conflictos en su grupo de amigas.
Respecto al ámbito escolar, Yabeta aclaró que una suspensión inicial de la víctima por parte del colegio fue levantada, ya que no correspondía una sanción disciplinaria en su contra.
La Defensoría, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación, pedirá un informe al establecimiento y coordinará medidas de prevención ante el aumento de casos de violencia en unidades educativas.
