La política boliviana ha sido sacudida por un complejo entramado de acusaciones y revelaciones que vinculan a figuras destacadas del gobierno de Evo Morales con el narcotráfico. A pesar de que la DEA fue expulsada del país en 2008, las investigaciones internacionales y las detenciones en territorio boliviano han revelado una red de supuestos vínculos que comprometen a exviceministros, directores de la fuerza antidrogas y personas cercanas al círculo del expresidente.
La lista de implicados incluye a funcionarios de alto perfil que ocuparon posiciones estratégicas en la lucha contra las drogas. Felipe Cáceres, conocido como el “zar antidrogas” de Morales, fue viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante 14 años. Fue aprehendido en septiembre de 2025 en un operativo antinarcóticos en Cochabamba. Actualmente, Cáceres se encuentra bajo detención domiciliaria y sostiene su inocencia.
Otro caso notable es el de Maximiliano Dávila, quien fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Dávila fue arrestado en enero de 2022 y extraditado a EE. UU. en diciembre de 2024 por tráfico de drogas y legitimación de ganancias ilícitas. Las acusaciones de la DEA indican que Dávila ofreció protección a narcotraficantes y custodiado cargamentos de cocaína.
Casos de corrupción
René Sanabria, otro exdirector de la Felcn, fue detenido en 2011 en Panamá y condenado en Estados Unidos a 14 años de prisión por conspirar para traficar cocaína. Más recientemente, Elba Terán, hermana de una dirigente cocalera y cercana a Evo Morales, fue arrestada en septiembre de 2025 con 10 kilos de cocaína, a pesar de tener una condena previa que aparentemente nunca se cumplió.
Incluso un líder espiritual, Valentín Mejillones Acarapi, quien entregó el bastón de mando a Morales en su posesión simbólica en Tiahunacu, fue detenido en 2010 con 240 kilos de cocaína líquida. La DEA también ha investigado a otras personas en el círculo de Morales, como su piloto, Walter Álvarez Agramonte, y un familiar del exvicepresidente Álvaro García Linera.
Relación con la DEA
La relación entre el gobierno de Morales y la DEA ha sido tensa desde la expulsión de la agencia en 2008, cuando se acusó a la DEA de conspirar contra su gobierno. Sin embargo, las investigaciones de la DEA han continuado y han servido como base para varias de las acusaciones contra exfuncionarios. Este panorama ha desatado una pugna política interna en Bolivia.
Mientras el gobierno actual y otros opositores acusan a la administración de Morales de proteger el narcotráfico, el expresidente y sus seguidores denuncian una “conspiración” de la DEA y una instrumentalización de la justicia para inhabilitarlo políticamente.
Impacto en la opinión pública
Los casos de corrupción y narcotráfico en Bolivia han polarizado el debate. Las acusaciones de la DEA y las detenciones de exfuncionarios del gobierno de Morales han alimentado la desconfianza pública y han puesto de relieve la persistente lucha del país contra el crimen organizado. La situación actual, con figuras prominentes detenidas y en proceso de extradición, plantea serias interrogantes sobre la magnitud de la infiltración del narcotráfico en las estructuras del poder político en Bolivia.
