El Consejo de la Magistratura ha informado que llevará a cabo un examen técnico del proceso judicial relacionado con Felipe Cáceres, quien fue exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Este ex “zar antidrogas” recibió una medida de detención domiciliaria en lugar de prisión preventiva. La revisión se realizará en Cochabamba a partir de esta semana y tiene como objetivo determinar si la decisión del juez se ajustó a los estándares de responsabilidad y debido proceso.
Carlos Spencer, consejero de la institución, mencionó que se revisará toda la documentación relacionada con el caso para identificar posibles faltas disciplinarias o responsabilidades penales del juez. “Vamos a hacer un levantamiento técnico de las documentaciones para valorar correctamente el proceso y emitir un criterio con responsabilidad, ya sea en falta disciplinaria o procesos penales para la autoridad jurisdiccional que haya permitido la libertad sin valorar adecuadamente los documentos relacionados con las víctimas”, expresó Spencer.
Supervisión de derechos
El consejero aclaró que el Consejo no tiene la capacidad de modificar las decisiones judiciales, pero sí puede supervisar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas y garantizar el debido proceso. En este sentido, añadió que cualquier irregularidad que se detecte será sancionada de manera estricta, lo que refuerza la responsabilidad de quienes administran justicia.
Recurso de apelación
La decisión del juez de otorgar detención domiciliaria a Cáceres fue apelada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, lo que resalta la importancia y sensibilidad del caso. Cáceres, de 63 años, fue detenido en el sindicato cocalero Esmeralda, ubicado en el municipio de Puerto Villarroel, durante un operativo antidrogas. En dicho operativo, se desmanteló un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, con capacidad para producir entre 150 y 160 kilos de droga.
Compromiso con la justicia
Spencer enfatizó que el Consejo de la Magistratura seguirá supervisando los procesos de alto impacto, asegurando que la justicia se administre con transparencia y responsabilidad. Además, se priorizará siempre la legalidad y los derechos de las víctimas en este tipo de casos.
LDVY
