El Cerro Rico, un símbolo de la identidad potosina y Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1987, enfrenta su momento más crítico. Esta histórica montaña, que durante siglos fue fundamental para la economía global gracias a sus vetas de plata, está en peligro debido a la minería ilegal, el incumplimiento de sentencias judiciales, el deterioro estructural y la inacción del Estado. Legisladores han coincidido en que el Gobierno ha fallado en su deber de proteger este patrimonio, advirtiendo que, si la situación persiste, la Unesco podría retirar su estatus.
La situación es verdaderamente alarmante. En la parte superior del cerro, conocida como la “Cresta de Gallo”, se ha formado un cráter del tamaño de una cancha de fútbol. Técnicos de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) han identificado más de 100 hundimientos, aunque algunas fuentes elevan esta cifra a 150, lo que compromete la estabilidad de la estructura. Las lluvias intensas han acelerado la erosión, y las grietas se multiplican en una montaña que ha sido debilitada por más de 500 años de explotación intensa.
Denuncia contra ministerios
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, ha responsabilizado al Gobierno por la situación actual y ha anunciado acciones legales contra el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Culturas y la Gobernación de Potosí. “Han incumplido sus deberes. No han hecho absolutamente nada para evitar el colapso del Cerro Rico. Más del 80% de la minería en Potosí es ilegal y ha causado más de 50 hundimientos. Hay un cráter del tamaño de una cancha de fútbol y esto no puede quedar en la impunidad”, afirmó este jueves 25 de septiembre.
La legisladora recordó que el deterioro no solo amenaza vidas humanas, sino que también pone en riesgo el estatus de Patrimonio Mundial que la Unesco otorgó hace casi 40 años.
Cuentas de autoridades congeladas
La situación del Cerro Rico se ha arrastrado durante varios meses, pero ha vuelto a captar la atención pública después de que la Justicia ordenara el congelamiento de las cuentas del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, y del presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo Fernández. Esto se debe al incumplimiento de la Sentencia Constitucional 1062/2022, que ordenaba la preservación del yacimiento y la migración de las operaciones mineras por debajo de la cota 4.400 metros sobre el nivel del mar.
La Justicia ha otorgado un plazo de 31 días hábiles para que las autoridades presenten pruebas concretas de las acciones tomadas para preservar el cerro. De no hacerlo, se aplicarán multas progresivas y el caso será remitido al Ministerio Público.
Consecuencias humanas
La situación también ha tenido consecuencias trágicas. Según la Asamblea Departamental de Potosí, en lo que va de 2025, al menos 90 mineros, muchos de ellos jóvenes menores de 25 años, han perdido la vida debido a derrumbes y condiciones inseguras en el interior del yacimiento. Las cifras podrían ser incluso mayores, ya que muchas muertes no se reportan oficialmente y se registran en cementerios bajo la categoría de “accidente en interior mina”.
Cooperativistas y minería ilegal
La explotación continúa, impulsada en gran medida por el sistema cooperativista, que agrupa a miles de familias potosinas. Para muchos, trabajar en el socavón es la única forma de subsistencia, a pesar de los riesgos. La Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) se ha declarado en emergencia ante el intento de desalojarlas de zonas prohibidas y ha exigido que el Estado les otorgue concesiones en “áreas ociosas” para seguir operando legalmente.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hilarión Mamani, ha reconocido que el Gobierno no ha actuado con la urgencia necesaria. “El Estado boliviano no ha hecho nada absolutamente. Los actores mineros no tienen la culpa porque el Estado debía prevenir. Hemos pedido que se reubique a las cooperativas por debajo de la cota 4.400, pero no se avanzó. Si no hay nuevas áreas de trabajo, ¿de dónde van a llevar el sustento sus familias?”, cuestionó.
Mamani sostuvo que, para preservar el Cerro Rico de Potosí, primero el Gobierno debe reubicar laboralmente a todos los mineros que están en el yacimiento, incluidos los mineros cooperativistas.
Respecto a las denuncias sobre que la mayoría de la minería practicada en el Cerro Rico por cooperativistas es ilegal, el senador del MAS responsabilizó al Gobierno por no acelerar el tratamiento de las peticiones mineras. Denunció que existen cerca de 6.000 solicitudes de concesiones mineras pendientes y que la burocracia estatal ha paralizado la entrega de contratos, lo que ha fomentado la minería ilegal. Además, afirmó que en casi 5 años no ha llegado ni un solo contrato administrativo minero a la Comisión de Minería de la Asamblea Legislativa.
Patrimonio en riesgo
El Cerro Rico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, como parte del conjunto histórico de la ciudad de Potosí. Desde 2014, la organización internacional lo ha incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro debido al deterioro progresivo de su estructura por la explotación minera.
Desde hace años, la organización ha instado al Estado a detener la explotación en zonas críticas, implementar medidas de preservación estructural y reubicar a los mineros. También ha solicitado planes de manejo sostenible que equilibren la actividad económica con la conservación del patrimonio.
Medidas implementadas
Para preservar el Cerro Rico, la Comibol ha implementado medidas urgentes. Se ha restringido el uso de maquinaria pesada y se ha establecido un radio de seguridad de 200 metros desde la cota 4.400 hasta la cima. Además, se ha implementado un proyecto de “relleno seco” con 95.000 toneladas de desechos mineralógicos. Las actividades mineras ahora solo pueden realizarse entre las 06:00 y 20:00 horas.
Por otra parte, expertos de la UATF han presentado un proyecto de ingeniería para construir una galería subterránea a 200 metros bajo la cúspide del cerro, con columnas y bóvedas de hormigón para estabilizar la estructura.
