La presidente del tribunal que lleva el caso de la desaparición de Odalys Vaquiata, la juez Liz Ávila, ha admitido tener una relación de confianza con el abogado del principal acusado, Joel Pérez González. Este hecho se ha presentado en el contexto del juicio por feminicidio que se ha estado llevando a cabo desde marzo de 2024 en La Paz. A pesar de haber solicitado su excusa para apartarse del caso, su petición fue rechazada por las instancias superiores, lo que ha generado preocupación en la familia de la víctima.
El reconocimiento de este vínculo personal fue uno de los argumentos que Ávila presentó en su solicitud de excusa, con la intención de proteger la imparcialidad del proceso judicial. Sin embargo, su solicitud fue desestimada, permitiéndole continuar presidiendo el juicio oral.
“La jueza asignada al caso de mi hermana reconoció que el abogado de la parte contraria es su abogado de confianza (…). No obstante, dicha excusa fue rechazada”, comentó Alejandro Vaquiata, hermano de la joven desaparecida, en una publicación en redes sociales. A pesar de su inquietud, Alejandro reafirmó su esperanza en que el sistema judicial actúe con justicia.
Recusación de la familia
La defensa de la familia Vaquiata, liderada por el abogado Giovanni Gonzales, también presentó una recusación contra la magistrada, la cual fue igualmente rechazada. “Ni la presidenta ni nosotros estamos de acuerdo con que ella sea quien atienda este proceso, considerando que ella misma ha reconocido su falta de parcialidad”, declaró Gonzales en una entrevista con el canal Red Uno.
Detalles del caso
Este caso ha captado la atención pública debido a sus implicaciones en la transparencia judicial. Joel Pérez es el principal acusado de feminicidio en grado de autoría, mientras que sus padres están imputados por complicidad, y otras dos personas están siendo investigadas por encubrimiento.
Odalys Vaquiata desapareció el 30 de marzo de 2024, después de asistir a una fiesta en Tocaña, una localidad situada al norte del departamento de La Paz. Según la declaración de Pérez, quien era su pareja, la joven se bajó del vehículo durante una discusión. Desde ese momento, no se ha tenido noticias sobre su paradero.
Pruebas y acusaciones
Las supuestas contradicciones en la versión del acusado llevaron a su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La Fiscalía ha presentado un pliego acusatorio que incluye más de 130 pruebas documentales y 33 testigos de cargo, con el objetivo de buscar una condena de 30 años de prisión para Pérez y 15 años para sus padres.
“Vamos a proponer nuestras pruebas, testigos y pericias que amerita. Lo que pedimos es una sentencia ejemplar por feminicidio”, afirmó el abogado Gonzales, reiterando su compromiso con el proceso judicial.
