La Sala Constitucional Primera de Potosí ha decidido congelar las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos, así como de otras autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Esta medida se toma mientras estas autoridades no cumplan con sus responsabilidades en la preservación del Cerro Rico.
Esta decisión se enmarca dentro de una denuncia por incumplimiento relacionada con la Sentencia Constitucional 1062 de 2022, que fue presentada por el Comité Cívico Potosinista.
Dicha sentencia había ordenado al Ministerio de Minería y a Comibol que llevaran a cabo trabajos de estabilización en el Cerro Rico. Además, se les instruyó que trasladaran a las cooperativas mineras a secciones que no superen la cota 4.700.
Notificación y congelamiento
El fallo de la Sala Constitucional establece que, al comprobarse el incumplimiento de la SCP 1062/2022 del 19 de agosto, se debe notificar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que proceda al congelamiento de las cuentas bancarias de los implicados. Estos son Alejandro Santos Laura, Ministro de Minería y Metalurgia; Reynaldo Pardo Fernández, Presidente Ejecutivo Interino de Comibol; e Iván Guillermo Fuertes Quispe, Gerente Regional Potosí Interino de Comibol.
Plazo y medidas
Se ha establecido un plazo de 1 mes para que los responsables demuestren las medidas que han tomado en relación con la estabilización del Cerro Rico. Esto incluye la preservación de su estructura morfológica rocosa y la estabilidad del terreno.
Además, el fallo reafirma la necesidad de migrar a las empresas mineras autorizadas, de acuerdo con los lineamientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada.
Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de estas órdenes podría llevar a la imposición de multas progresivas y a que se remitan antecedentes al Ministerio Público. Esta situación ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos sobre el futuro del Cerro Rico y sus implicaciones para la minería en Potosí.
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