La Federación de Juntas Vecinales de Oruro (Fedjuve) ha expresado su rechazo al aumento de dietas y salarios de los concejales y del Ejecutivo Edil. Argumentan que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) enfrenta serias limitaciones económicas y que los servidores públicos están priorizando intereses personales por encima de las necesidades de la comunidad.
La Fedjuve ha dado un plazo de 48 horas al Concejo Municipal para que revierta esta decisión. En caso de no hacerlo, la organización advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas adicionales.
Desde la perspectiva de la Fedjuve, el incremento de salarios es inadmisible y reprochable. Consideran que esta acción atenta contra la economía del municipio de Oruro y los intereses de sus ciudadanos.
Exigencia de responsabilidad
La institución ha exigido que tanto los concejales como el Ejecutivo Municipal trabajen con responsabilidad en pro del desarrollo de Oruro. Las juntas vecinales argumentan que este aumento es un atropello a la ciudadanía, dado que proviene de los impuestos que los ciudadanos pagan.
Hugo Jallaza, presidente de la Fedjuve, declaró: “La Fedjuve no permitirá ningún incremento. Tomando en cuenta que el salario ya es muy elevado, tomaremos medidas si se lleva a cabo este aumento salarial, actuando conforme a lo que nos permite la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico en Vigencia”.
Respuesta del concejal
Por su parte, el concejal José Flores ha respondido a las críticas de la Fedjuve. Afirmó que el incremento no es una decisión del Concejo Municipal, sino que proviene del Gobierno Central y la Central Obrera.
Flores destacó que él es el único concejal en Bolivia que no utiliza movilidad del Estado ni recibe viáticos. Además, ha planteado la posibilidad de reducir su propio sueldo. “También hemos visto que tenemos una estructura en este Estado que genera privilegios a los funcionarios públicos”, comentó.
Compromiso con la comunidad
La Fedjuve también ha enfatizado la necesidad de un compromiso real por parte de los concejales para abordar las necesidades del municipio. Este rechazo al aumento salarial se produce en un contexto donde las limitaciones económicas son evidentes y afectan directamente a la población.
Las juntas vecinales han manifestado su preocupación por cómo estas decisiones impactan en la calidad de vida de los ciudadanos orureños. La situación actual resalta la importancia de que los funcionarios públicos actúen en beneficio de la comunidad y no en interés propio.
