Por: Ronald Nostas Ardaya
Santa Cruz celebra el 215 aniversario de su gesta libertaria en un contexto nacional complejo, marcado por la transición política más importante de los últimos 20 años, el fin del ciclo estatista y populista, y el inicio de la peor crisis de nuestra historia reciente. Además, y a diferencia de lo que pasó en los anteriores procesos, esta vez le corresponderá liderar la recuperación de una economía que se encamina peligrosamente a la recesión.
Desde hace 50 años, el dinamismo de sectores como la agroindustria, ganadería, industria manufacturera, comercio exterior, servicios financieros, entre otros, han sostenido a Santa Cruz como la región más dinámica y la que marca el pulso de la producción y el desarrollo de todo el país. Hoy, el departamento aporta con el 33% del PIB, el 47% del empleo privado formal, el 28% del valor de las exportaciones; el 44% del crédito productivo; el 38% de la recaudación tributaria; y el 77% de la producción agrícola. Con una industria gasífera en declive, explotación incierta del litio y una producción minera estancada, será la pujante economía cruceña la que generará los recursos para evitar el colapso.
Paradójicamente, el éxito de este departamento –que se explica por la abundancia y variedad de recursos naturales y una cultura productiva y progresista–, lejos de ponderarse, lo convierte en objetivo de intereses políticos que buscan neutralizarlo. No es casual que los bloqueos, avasallamientos, restricciones a la biotecnología o la suspensión de exportaciones hayan sido recurrentes, sobre todo en los últimos años.
La coyuntura exige claridad y coherencia. Santa Cruz tiene la mayor población del país, una de las bancadas parlamentarias más numerosas, y la posibilidad cierta de colocar su agenda en la planificación nacional. Pero esas ventajas se diluirán si sus actores políticos, institucionales, empresariales y sociales no logran articularse en torno a un proyecto común. Lo que está en juego no son únicamente reivindicaciones regionales, sino la oportunidad de rediseñar una estrategia nacional de desarrollo desde una visión de sostenibilidad, integración y modernidad.
Los desafíos son inmediatos y múltiples. En lo social, el departamento deberá absorber una nueva ola de migración interna provocada por la crisis económica, que demandará mejorar los servicios de salud, educación, vivienda y transporte, y obligará a ajustar las políticas urbanas de manera urgente.
En lo económico, el gran reto será sostener el crecimiento, no por inercia, sino a partir de decisiones estratégicas. La agroindustria necesita reglas claras, seguridad jurídica, acceso a biotecnología y mercados externos sin restricciones arbitrarias. La ganadería y la industria manufacturera deben avanzar hacia una producción sostenible y con valor agregado. Las exportaciones requieren corredores bioceánicos funcionales y una Hidrovía garantizada. Sin estas condiciones, la competitividad cruceña corre el riesgo de estancarse y, con ello, de arrastrar a todo el país a una parálisis productiva.
Pero quizá la mayor amenaza es la inseguridad ciudadana. El aumento del delito, potenciado por el narcotráfico, el contrabando y un sistema judicial debilitado, coloca a Santa Cruz en una situación crítica. La violencia urbana y las mafias que operan en frontera no son ya fenómenos aislados: están comenzando a instalarse como una sombra siniestra en la vida cotidiana de los ciudadanos. La seguridad no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva de la Policía, sino que requiere un acuerdo nacional, con recursos, tecnología y coordinación interinstitucional.
El medio ambiente es otro desafío urgente. Las sequías, los incendios forestales, las inundaciones y la deforestación se repiten cada año con mayor intensidad, afectando no solo a los ecosistemas, sino a la producción agrícola y ganadera. El cambio climático, junto con la erosión, la desertificación y la tala ilegal de los bosques dejó de ser una amenaza futura: es una crisis presente que ya está impactando la calidad de vida. Santa Cruz no puede seguir postergando la transición hacia prácticas sostenibles, ni esperar que el Estado central asuma responsabilidades que sistemáticamente evade. La protección del agua, los suelos y los bosques debe ser asumida como prioridad departamental, porque de ello dependerá el propio futuro productivo.
Santa Cruz está en un momento de inflexión. Hoy tiene la oportunidad y la obligación de demostrar que su liderazgo no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de sus líderes para ofrecer respuestas inmediatas a problemas urgentes. Ya no basta con denunciar al centralismo o victimizarse ante las agresiones externas. Tampoco alcanza con los discursos épicos. Lo que la historia demanda hoy es lucidez, unidad y capacidad de conducción.
La pregunta es si quienes tienen la responsabilidad de representar a Santa Cruz sabrán dejar de lado sus intereses inmediatos y construir una estrategia común que permita llevar al departamento al siguiente nivel.
Industrial y ex Presiente de la Confederación De Empresarios Privados de Bolivia.
