La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, liderada por Lucio Quispe, manifestó este lunes su rechazo a cualquier intento de regularizar vehículos indocumentados en el país. Desde su sede, también se denunció el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno en relación al suministro de combustible, advirtiendo que el sector del transporte enfrenta una crisis generalizada.
Durante una declaración pública, Lucio Quispe, junto a ejecutivos de las federaciones departamentales y secretarios generales del sector, afirmó que Bolivia está siendo invadida por miles de vehículos sin documentación legal, que han ingresado sin control. “No existe Diprove, no existe Aduana, no existe Tránsito ni el COA. Los autos chutos están en la puerta de las instituciones y nadie los detiene”, denunció.
El dirigente recordó que hay un decreto supremo vigente desde el gobierno de Evo Morales que prohíbe el ingreso de vehículos indocumentados. En este sentido, enfatizó que la regularización solo debería incluir unidades con un máximo de 2 años de antigüedad. “Bolivia no puede convertirse en un basurero de autos usados”, advirtió Quispe.
Cuestionamientos a la regularización
Quispe calificó de despropósito que se esté considerando nuevamente una posible nacionalización de estos vehículos, cuando no se cuenta con datos oficiales que permitan conocer cuántos autos existen en cada departamento ni qué función cumplen. “Hoy hasta helicópteros chutos aparecen en el país. ¿Eso también se va a regularizar? ¿Qué está pasando con Bolivia?”, cuestionó.
El líder sindical también denunció una política de persecución contra los transportistas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Según explicó, mientras los vehículos indocumentados circulan libremente incluso frente a las instalaciones de la Aduana Nacional, de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) o del Comando de la Aduana (COA), los propietarios de vehículos legales enfrentan controles, sanciones y decomisos. “A los que pagan y tributan se los castiga; a los ilegales se los protege”, reclamó.
Problemas con el suministro de combustible
En relación al suministro de combustible, Quispe lamentó que continúen las largas filas y que los surtidores operen con volúmenes reducidos. “Antes recibían 25,000 litros, hoy apenas llegan 6,000 o 7,000 litros. Así no se puede sostener el trabajo”, afirmó.
Quispe aseguró que el incumplimiento de los compromisos firmados con las autoridades del Gobierno ha puesto en jaque a miles de transportistas, muchos de los cuales enfrentan embargos, pérdida de vehículos e incluso de viviendas por deudas impagas con la banca privada. “No hay consideración ni de impuestos nacionales ni de gobiernos municipales. Todos exigen, pero nadie resuelve”, señaló.
Impacto en el sector productivo
La situación, según indicó, no solo afecta al transporte, sino también a sectores productivos, cooperativas mineras y empresas privadas que han comenzado a cerrar operaciones debido a la falta de abastecimiento.
Sobre el debate político, Quispe manifestó que el sector esperará escuchar las propuestas concretas de los dos candidatos en carrera, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Dijo que ambos han sido invitados a reuniones públicas para que expongan su visión sobre el transporte y su compromiso con el sector.
Estado de emergencia del sector
“No hemos escuchado todavía cuál es su propuesta concreta ni cómo piensan tratar al autotransporte. Vamos a escuchar, pero desde ya rechazamos categóricamente la regularización de los chutos”, aseguró Quispe.
Asimismo, advirtió que el sector se mantendrá vigilante ante cualquier intento de eliminar la subvención a los carburantes. Recordó que propuestas como la facturación 70-30 fueron iniciativa del propio sector, no del Gobierno, y que los choferes no solo critican, sino que también plantean soluciones.
La Confederación de Choferes se declaró en estado de emergencia y no descarta asumir medidas de presión si el Gobierno insiste en avanzar con un nuevo proceso de regularización de vehículos ilegales. “No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Es una burla para quienes cumplen con la ley y un atentado contra la economía nacional”, finalizó Quispe.
