El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha declarado inconstitucionales los parágrafos uno y dos de la disposición adicional séptima de la Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta información fue proporcionada por César Gonzáles, quien forma parte del Comité Interinstitucional. La decisión ha sido considerada un triunfo por diversos sectores productivos, gremiales, transportistas, así como por exportadores e importadores que se opusieron a las medidas propuestas por el Gobierno.
Detalles de la ley inconstitucional
Los parágrafos I y II de la Ley del PGE contenían disposiciones que otorgaban al Estado la facultad de activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos dentro de la cadena de comercialización de alimentos. El parágrafo I tenía como objetivo actuar contra aquellos que almacenaran o retuvieran productos esenciales con la intención de encarecer sus precios. Por otro lado, el parágrafo II obligaba a los actores de la cadena productiva a declarar información sobre su producción, transformación y comercialización, todo bajo el principio de confidencialidad.
Argumentos en contra de la ley
Varios argumentos llevaron a la decisión de rechazar estos parágrafos. Se alegó que existía una violación del principio de propiedad privada y seguridad jurídica. Permitir que el Estado decomisara productos sin un debido proceso podría dar lugar a abusos e inseguridad jurídica. Además, se argumentó que estas disposiciones excedían el objeto propio de una ley presupuestaria, lo que contraviene el principio de unidad de materia.
También había un temor generalizado sobre la discrecionalidad y el posible abuso en la aplicación de las normas. El parágrafo I permitía la “confiscación y/o decomiso” según el juicio estatal sobre quién “pretenda encarecer” o “retener” productos. Esto generó preocupaciones sobre su uso arbitrario como herramienta de presión. Finalmente, se argumentó que estas normas podrían infringir garantías constitucionales, como el derecho al debido proceso, y estar en contradicción con normas internacionales sobre derechos humanos respecto al derecho de propiedad.
Reacciones de los sectores productivos
Diversos sectores productivos, incluyendo empresarios, gremiales e industriales, manifestaron su preocupación por las implicaciones legales y económicas que podrían derivarse de estas disposiciones. La presión ejercida por estos grupos culminó en 9 ampliados nacionales que lograron frenar lo que consideraron un atropello contra la seguridad jurídica y la libertad económica.
