La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha aclarado que no es necesaria una nueva norma de arraigo para el Presidente Luis Arce. Esto se debe a que desde 2020 existe una ley que obliga a todas las autoridades salientes a permanecer en el país por un periodo de 3 meses tras concluir su mandato. Esta disposición aplica a diversas autoridades y tiene como objetivo garantizar la rendición de cuentas. La aclaración se realizó durante una entrevista televisiva, donde también se discutieron rumores sobre posibles salidas de exautoridades.
Contexto de la aclaración
El contexto en el que se produce esta aclaración es muy importante. Con las elecciones de segunda vuelta programadas para el 19 de octubre y la fecha de juramentación del nuevo presidente fijada para el 8 de noviembre de 2025, el país se está preparando para un cambio de mando. En este escenario, la ley de arraigo, aprobada en 2020, cobra especial relevancia.
Esta normativa establece que una amplia gama de autoridades salientes, incluyendo al presidente, ministros, gobernadores, alcaldes y legisladores, deben permanecer obligatoriamente en territorio boliviano durante 3 meses. La finalidad, como explica la ministra Prada, es asegurar que estas figuras estén disponibles para cualquier auditoría o investigación que las nuevas administraciones puedan requerir.
Objetivo de la ley de arraigo
Se trata de un mecanismo de control preventivo que busca evitar la fuga de exfuncionarios que puedan enfrentar procesos judiciales por su gestión. Al desmentir los rumores sobre la supuesta salida del Presidente Luis Arce y otras autoridades, el gobierno saliente intenta proyectar una imagen de confianza y transparencia.
El arraigo, en este sentido, no se considera una medida punitiva, sino una obligación que las autoridades están dispuestas a cumplir. La declaración de Prada, en la que afirma que tanto ella como el Presidente Arce se quedarán en Bolivia con la conciencia tranquila y la frente en alto, es una defensa de la gestión gubernamental.
Comparación con periodos anteriores
Además, esta declaración contrasta con otros periodos de transición en la historia reciente del país, que han estado marcados por acusaciones de corrupción y fugas de exfuncionarios. Con la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre), la ley de arraigo se convierte en un tema de interés para el próximo gobierno.
La nueva administración tendrá la facultad de iniciar auditorías y procesos penales, y la presencia de las autoridades salientes será crucial para cualquier investigación. Por lo tanto, la ley sirve como un puente legal entre la gestión saliente y la entrante, facilitando un traspaso de poder más ordenado y, teóricamente, más transparente.
