Las brigadas encargadas de erradicar cultivos de coca ilegal comenzarán su trabajo en el trópico de Cochabamba a finales de septiembre. Esta información fue compartida este miércoles por el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Mateo Mamani. La decisión se ha tomado tras varias semanas de diálogo con algunas dirigencias del sector, a pesar de la resistencia persistente de organizaciones que están vinculadas al expresidente Evo Morales.
Mamani explicó que, aunque se han llevado a cabo reuniones de concertación con diferentes centrales cocaleras de la región, el acceso de los erradicadores ha sido bloqueado por sectores que siguen leales a Morales. “No nos dejan entrar, don Evo Morales nos ha cerrado las puertas”, declaró a la televisora estatal Bolivia Tv, refiriéndose directamente al papel del exmandatario como líder de las Seis Federaciones del Trópico.
El viceministro aclaró que el operativo tiene como objetivo eliminar cultivos que no están autorizados por la Ley General de la Coca (Ley 906). Esta norma establece las zonas legales y la extensión permitida para la producción de hoja de coca. Según explicó, las brigadas actuarán en terrenos que han sido identificados previamente por la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico (Udestro), basándose en información sobre áreas que exceden los límites legales.
Tensiones en la región
Desde que Morales rompió con el oficialismo, las tensiones en la región han aumentado. Las federaciones cocaleras del trópico, que son consideradas uno de los bastiones políticos del exmandatario, han bloqueado repetidamente el ingreso de los erradicadores. Argumentan que el Gobierno utiliza la erradicación como una herramienta de persecución política y de criminalización de la producción cocalera.
Durante los años 2023 y 2024, varios intentos de intervención fueron detenidos debido a movilizaciones, bloqueos y acciones de presión sindical. Morales, en su papel como presidente de las federaciones cocaleras, ha calificado estas acciones del Ejecutivo como una forma de “represión” encubierta bajo discursos institucionales.
Responsabilidad del Estado
A pesar de las tensiones, Mamani afirmó que el control de los cultivos excedentarios es una responsabilidad del Estado. Esta acción también responde a compromisos internacionales en la lucha contra el desvío de coca hacia actividades ilícitas. El Gobierno mantiene su postura de avanzar con la erradicación en las zonas que no están contempladas por la ley, incluso ante el rechazo de las organizaciones que controlan gran parte del territorio en cuestión.
