El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, ha manifestado su preocupación por el aumento de vehículos indocumentados en el país. Esta situación, según Encinas, representa serios riesgos tanto para la industria automotriz formal como para la economía nacional.
Encinas destacó que la proliferación de vehículos ilegales amenaza a uno de los sectores que más contribuyen a la economía nacional: la industria legal. Entre los efectos más preocupantes, mencionó el riesgo de pérdida de empleos en el sector y el impacto directo en la ciudadanía. Esto se debe a que estos vehículos indocumentados también requieren combustible en un contexto donde el abastecimiento ha sido irregular, lo que ha generado conflictos sociales.
Preocupaciones sobre la ilegalidad
El sector automotriz ha enfatizado su inquietud por el fomento de la ilegalidad y el crimen organizado. Además, advierte sobre la erosión del Estado de derecho y la seguridad jurídica. También se mencionan los efectos económicos negativos y los riesgos que esto representa para la seguridad vial y el medioambiente.
La Ley 1008 y su contexto
La Ley 1008 de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, que fue promulgada el 8 de junio de 2011, se diseñó como una medida excepcional y no recurrente. Su Artículo 1 establece que se debe “establecer por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados…”
Consecuencias de una nueva legalización
La CAB ha advertido que retomar una medida similar a la de 2011 podría tener graves consecuencias. La Cámara Automotor Boliviana considera que una nueva legalización de vehículos indocumentados sería un error con efectos irreparables. Por ello, instan al Estado a fortalecer los controles aduaneros y policiales, cumpliendo con la legislación vigente que establece la confiscación de vehículos indocumentados.
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