Internos del penal de San Pedro, en La Paz, protagonizaron este martes 16 de septiembre de 2025 un motín para exigir el pago de prediarios que se les adeudan desde hace casi 6 meses. Durante la protesta, los reclusos ocuparon los techos del establecimiento, lo que generó tensión dentro del centro penitenciario y preocupación entre las autoridades.
Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario, confirmó la movilización y solicitó a la Gobernación de La Paz que cumpla con el pago de los montos pendientes. Limpias señaló que si bien puede existir un retraso administrativo de 1 o 2 meses, la demora de 5 meses y entrando en el sexto es inaceptable, lo que llevó a los internos a manifestarse.
Derechos vulnerados
El funcionario advirtió que la falta de alimentación vulnera derechos fundamentales y puede considerarse un delito de lesa humanidad. Añadió que garantizar comida a las personas privadas de libertad es indispensable, sobre todo en un contexto de alta vulnerabilidad. Cualquier incumplimiento afecta directamente a los internos.
Situación crítica en el penal
Desde el interior del penal, un representante de los reclusos describió la situación como crítica y señaló que muchos internos no cuentan con familiares que les provean alimentos. Además, denunció que el retraso en el pago de los prediarios ha dejado a los internos prácticamente sin comer durante 6 meses.
También afirmó que la revisión judicial extraordinaria anunciada aún no se ha ejecutado, lo que ha generado frustración y malestar entre los internos. El 22 de agosto de 2025, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó una revisión extraordinaria de los plazos de detención preventiva en todo el país, luego de evaluar casos de alto perfil como los de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Frustración por falta de acción
Sin embargo, los internos aseguran que ninguna comisión se ha acercado al penal para aplicar esta medida, lo que mantiene la tensión dentro del establecimiento. La situación actual resalta la urgencia de abordar las necesidades básicas de los reclusos y garantizar sus derechos fundamentales.
LDVY
