La Defensoría del Pueblo, liderada por Pedro Callisaya, ha presentado una Acción Popular ante la justicia constitucional. Esta acción se dirige contra seis entidades estatales, debido a la “debilidad institucional” observada en la gestión del conflicto socioambiental que ha surgido por la contaminación minera en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.
La medida fue anunciada públicamente tras un extenso proceso de seguimiento a las denuncias sobre la presencia de cianuro en las fuentes hídricas de la zona. A pesar de las evidencias, las autoridades competentes no han tomado acciones efectivas para detener el daño ambiental ni para proteger la salud de la población.
Acción constitucional presentada
“La falta de respuestas oportunas y eficaces nos ha llevado, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado, a interponer esta acción constitucional que busca resguardar los derechos fundamentales de la población”, expresó Callisaya a través de sus redes sociales.
Esta acción está dirigida contra el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.
Objetivo de la acción
Según explicó el Defensor del Pueblo, el objetivo es que la justicia ordene a estas entidades asumir de manera eficaz sus competencias de fiscalización y control sobre las actividades mineras que operan en el municipio. Esto es fundamental para proteger el derecho de la población a un medioambiente sano y la integridad de la Madre Tierra.
La denuncia fue reforzada durante el programa de streaming institucional “El Defensor con el Pueblo”, donde se abordó el caso bajo el título “Contaminación de recursos hídricos – caso Viacha”. En este espacio participaron expertos como Leonardo Blanco y Rafael Anze, de la Asociación Multidisciplinaria de Consultores Ambientales, así como el gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha, Eddy Gutiérrez.
Complejidad institucional
Durante el programa, Callisaya destacó la complejidad del entramado institucional vinculado a la actividad minera. Este entramado involucra distintos niveles del Estado —municipal, departamental y nacional— con instrumentos como licencias de operación, manifiestos ambientales y otras herramientas de regulación.
No obstante, la autoridad subrayó que la inacción y la falta de coordinación entre estas instancias han impedido una supervisión efectiva. Esto ha derivado en un aumento de los conflictos socioambientales en la región. “A pesar de la existencia de un Comité Interinstitucional y varios intentos de coordinación, no se lograron los resultados esperados según el plan de acción”, lamentó.
Urgencia de intervención judicial
El Defensor sostuvo que el riesgo para la salud pública, la salubridad y el acceso al agua son razones suficientes para que el sistema judicial intervenga con urgencia. “Esperamos que esta acción constitucional sea acogida plenamente por la jurisdicción correspondiente y que se restablezca el control y la supervisión que deben ejercer estas instituciones del Estado”, concluyó.
