La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos emitieron comunicados el 12 de septiembre de 2025, advirtiendo sobre un posible retroceso en la justicia en Bolivia. Esto se produce tras la anulación de juicios relacionados con las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba.
David Inca, quien es el coordinador de las víctimas de octubre, hizo un llamado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) para que emita una nueva resolución que garantice justicia a las víctimas de estos casos. Inca subrayó que “hay este informe, existe, y si no lo cumplen, el próximo gobierno va a ser llevado ante la Comisión Interamericana, ante el Alto Comisionado como violadores de Derechos Humanos por las víctimas”.
El activista enfatizó que es esencial cumplir con el informe mencionado para asegurar que se haga justicia.
Decisiones judiciales recientes
El 25 de agosto de 2025, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto declaró su incompetencia para continuar con el juicio ordinario contra la expresidente Jeanine Áñez y otros jefes militares en el caso de Senkata. Solo cinco días después, el Tribunal de Sentencia de Sacaba tomó una decisión similar respecto al caso correspondiente.
Requerimientos al TSE
Inca también expresó: “Le vamos a pedir al señor Romer Saucedo y le estamos pidiendo ahorita en amparo del artículo 24 de la Constitución que de la misma manera proceda a que en 24 horas también él instruya justicia para las víctimas, porque si no lo hace significa que su circular es apócrifa”.
Responsabilidad del Gobierno
El Gobierno, a través del ministerio de Justicia, ha responsabilizado al mismo Órgano Judicial por esta situación que afecta la fe del Estado. Se indicó que fueron las entidades del Órgano del Estado las que inicialmente emitieron resoluciones constitucionales para llevar a juicio ordinario a Áñez y los acusados. Posteriormente, los tribunales decidieron que debían ser juicios de responsabilidades.
