La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, junto con el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, ha declarado la nulidad de los procesos judiciales contra policías y militares que enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos humanos en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba. Esta decisión ha generado preocupación en el procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DD.HH.).
Reacción de la procuraduría
En una publicación realizada la noche del 12 de septiembre de 2025 en el portal oficial de la Procuraduría General del Estado, se destacó el pronunciamiento de la CIDH y de ONU DD.HH. respecto a estas decisiones judiciales. Los organismos internacionales han alertado sobre un posible retroceso en la justicia en Bolivia.
Condori expresó que “ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI). Este informe concluyó que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”.
Preocupación por la justicia
El procurador subrayó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. Además, mencionó que esta situación representa un obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
La declaración se centra en el respeto a las recomendaciones del GIEI, que apuntan a “la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad”.
Declaraciones de Jeanine Áñez
En semanas recientes, la expresidente Jeanine Áñez aseguró que fue su gobierno el que solicitó la llegada del GIEI y afirmó que su informe no es vinculante. Áñez acusó a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Luis Arce de haber instruido su encarcelamiento “sin debido proceso” por motivaciones políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En sus redes sociales, Áñez escribió el 1 de septiembre de 2025 que “la Fiscalía General del Estado debía investigar a fondo los hechos de violencia de 2019 en el país, investigación que no hizo porque prefirió cumplir las instrucciones políticas de Evo Morales y de Iván Lima”.
Imparcialidad en la justicia
Por otro lado, Áñez sostuvo que “no puede haber justicia sin debido proceso”, recordando que la imparcialidad y el respeto a la jurisdicción son esenciales para que las víctimas accedan a la verdad. “No puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”, escribió en sus redes sociales.
