El abogado Fernando Rivero ha denunciado que la sentencia de ocho años de prisión impuesta al exministro de Economía, José Luis Parada, forma parte de un proceso que busca ocultar la responsabilidad del Gobierno en la devolución de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Rivero ha anunciado que el 23 de septiembre presentará un amparo constitucional con el objetivo de revertir la sentencia. Actualmente, Parada se encuentra bajo detención domiciliaria desde hace tres años, sin derecho a trabajar.
Intención del Gobierno
En este contexto, el abogado ha señalado que existe una intención del Gobierno de “acelerar” la sentencia relacionada con el préstamo del FMI para evadir su responsabilidad. Según Rivero, el daño económico al Estado se produjo en la devolución del préstamo y no en la gestión del crédito. “Lo que ellos acusan de irregular, lo hicieron dos meses después de que ellos mismos devolvieron los dineros al Fondo Monetario Internacional”, indicó.
El origen del caso
Este caso surge debido a que el crédito gestionado durante la administración de Jeanine Áñez, por un total de 327,7 millones de dólares, no fue avalado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Poco tiempo después de asumir el poder, el Gobierno de Luis Arce decidió devolver el préstamo, pagando así los intereses sin haber hecho uso del dinero. La Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) autorizaba al Ministerio de Economía a obtener hasta 1.500 millones de dólares en 2020.
Cuestionamientos a la sentencia
Rivero ha recordado que la devolución del préstamo se justificó con argumentos “más políticos que técnicos”, tales como la soberanía y el honor del Estado. “¿Por qué se apresuraron a dictar sentencia? Este Gobierno ya se va y necesitaban encontrar un sentenciado para ocultar la verdadera responsabilidad y sus autores”, cuestionó.
El abogado también ha cuestionado que Parada enfrenta dos procesos por un mismo caso, lo que vulnera el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Próximos pasos legales
En este sentido, Rivero ha anunciado que el 23 de septiembre se llevará a cabo un amparo constitucional ante la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, con el fin de intentar revertir la sentencia y reconducir el proceso. El jurista ha señalado que su defendido continuará en el país para asumir su defensa.
