De acuerdo con la Dirección General de Régimen Penitenciario, en la actualidad hay un total de 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos trabajando en las cárceles de todo el país. Estas instituciones albergan a más de 33,000 personas privadas de libertad.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reconoció el martes 9 de septiembre que la cantidad de profesionales de la salud es insuficiente para atender las necesidades de los internos. Esta situación se vuelve crítica, ya que en otros países un psicólogo puede atender a 4 personas privadas de libertad, mientras que en Bolivia, un solo especialista debe hacerse cargo de entre 1,500 y 2,000 internos. Esto dificulta la posibilidad de ofrecer una atención adecuada.
Situación en centros juveniles
El déficit de personal también afecta a los centros juveniles. Según datos de Progettomondo, el 15% de los adolescentes recluidos en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalauma se encuentra en una situación de alto riesgo y necesita atención inmediata. Esta realidad es alarmante y requiere una intervención urgente.
Abraham Colque, coordinador de la organización, advirtió que sin el acompañamiento especializado, existe un alto riesgo de que estos jóvenes reincidan en delitos una vez que recuperen su libertad. La falta de atención adecuada puede tener consecuencias graves para su reintegración a la sociedad.
Medidas paliativas
Limpias mencionó que Régimen Penitenciario ha recurrido a convenios con universidades públicas y privadas para que los estudiantes en formación ayuden en la atención de los internos. Sin embargo, admitió que estas medidas son solo paliativas y no abordan el problema estructural que enfrenta el sistema penitenciario.
Limitaciones en la atención
La escasez de médicos y psicólogos limita la implementación de programas de prevención, terapia y control de enfermedades dentro de las cárceles. Tanto autoridades como especialistas coinciden en que es urgente incrementar el número de personal, crear nuevos espacios para reducir el hacinamiento y consolidar alianzas interinstitucionales. Estas acciones son fundamentales para mejorar las condiciones de salud en las cárceles del país.
