Yassir Molina, quien fue el exjefe de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), declaró en una reciente entrevista que no se siente arrepentido por las acciones que tomó durante los conflictos de 2019. Afirmó que, si tuviera la oportunidad, volvería a actuar en defensa de la patria.
Molina también compartió su deseo de continuar su vida desde una nueva perspectiva, después de haber pasado más de 4 años en prisión por delitos relacionados con esos eventos.
Intención de disculpas
En su declaración, Molina indicó que, si llegara a pedir disculpas, sería únicamente al Movimiento al Socialismo (MAS). “Pedirles disculpas al MAS, por no permitir que quemen Cochabamba”, expresó.
Prioridades familiares
A pesar de su firme postura, Molina aclaró que no tiene planes de encabezar nuevamente acciones de hecho en motocicleta como lo hizo en 2019. “Tengo alguien por quien velar, a quien cuidar: mi hija, mi esposa. Me necesitan, y no puedo ser desagradecido y poner en riesgo la seguridad jurídica de mi persona y, por tanto, la tranquilidad de mi familia”, sostuvo.
Sentencia y condena
En 2021, la justicia sentenció a Yassir Molina a 6 años de cárcel por delitos que incluían organización criminal, privación de libertad y daños a bienes públicos, entre otros. Esta condena se debió a los hechos violentos ocurridos en Cochabamba durante la crisis política de 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió a la RJC como un “grupo armado y motorizado” que ejerció control violento sobre sectores de la sociedad. Además, recomendó su desarticulación.
Libertad condicional
Después de cumplir 4 años y 4 meses de condena, el Juzgado de Ejecución Penal de Oruro le concedió esta semana la libertad condicional. Ahora, deberá cumplir el resto de su pena, que son 1 año y 8 meses, bajo ciertas restricciones: no podrá cambiar de residencia, deberá permanecer en Oruro y contar con un empleo estable.
Decisiones judiciales criticadas
La excarcelación de Molina se suma a otras decisiones judiciales que han beneficiado a otros procesados por los hechos de 2019, como la expresidente Jeanine Áñez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Estas decisiones han provocado críticas sobre el papel del sistema judicial en estos casos, generando un debate sobre la justicia en el país.
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