El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentará este sábado 6 de septiembre ante dos audiencias de medidas cautelares relacionadas con los casos “gases Brasil” y “gases Ecuador”. Estas audiencias se llevarán a cabo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado la detención preventiva de Murillo. Por otro lado, su abogado defensor ha cuestionado la notificación de la imputación en su contra. Murillo fue extraditado desde Estados Unidos y enfrenta un total de 15 procesos judiciales, incluyendo 2 sentencias que están relacionadas con la compra irregular de gases lacrimógenos.
Audiencia en cuarto intermedio
La audiencia correspondiente al caso “gases Brasil” se inició el viernes y, tras un breve periodo de deliberación, se decidió entrar en un cuarto intermedio. Esta audiencia se reprogramará para llevarse a cabo de manera presencial. El Procurador Ricardo Condori comentó sobre la importancia de resguardar los derechos humanos y el debido proceso, afirmando que se reprogramará la audiencia para abordar el caso de fondo.
Cuestionamientos de la defensa
El abogado defensor de Murillo, Jaime Tapia, ha expresado su preocupación sobre la notificación de la imputación, indicando que “no fue entregada de manera completa”. Debido a esto, el juez ha optado por dar un cuarto intermedio en el proceso.
Detalles de la audiencia programada
En cuanto al caso “gases Ecuador”, la audiencia está programada para comenzar a las 10:30 horas. Sin embargo, la defensa ha advertido que existe la posibilidad de que esta audiencia sea suspendida.
Extradición y procesos judiciales
Murillo llegó a Bolivia en la madrugada del pasado jueves, después de ser extraditado desde Estados Unidos. Fue aprehendido por personal de la Policía Boliviana y del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado ha informado que el exministro enfrenta 15 procesos judiciales y ya ha recibido 2 sentencias: una por la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares, y otra por el préstamo irregular de material antidisturbios proveniente de Ecuador.
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