Las diputadas Gladys Quispe y Soledad Pérez manifestaron este viernes su desacuerdo con el mandamiento de libertad otorgado a Jeanine Áñez. Ambas legisladoras advirtieron sobre lo que consideran una estrategia para beneficiar a exautoridades que están acusadas en el caso conocido como “golpe de Estado”.
Desde la Asamblea Legislativa, la diputada Quispe dirigió sus críticas hacia el magistrado Rómer Saucedo, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Quispe lo considera responsable de la decisión que favorece a la expresidente Áñez, a quien describió como una “delincuente confesa” y culpable, junto con otros actores, de los eventos ocurridos en 2019. “La justicia, bajo la dirección del señor Rómer Saucedo, actúa de manera irregular al liberarla, a pesar de que se le acusa de un delito que se inició por el tema de genocidio”, expresó.
Posible liberación de otros implicados
La diputada también alertó sobre la posibilidad de que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, sea liberado. Quispe lo acusó de disfrutar de privilegios y advirtió: “Lo van a declarar loco, demente, incapaz, y seguramente se beneficiará de alguna situación”.
Quispe subrayó que las decisiones del sistema judicial muestran un trato desigual hacia otros detenidos que enfrentan una prolongada detención preventiva. Además, responsabilizó al presidente Luis Arce por haber llegado a acuerdos con sectores opositores. “El pueblo está observando cómo actúa la justicia. Los sectores sociales no olvidan a los hermanos fallecidos en 2019 y 2020”, afirmó.
Rechazo a reabrir el caso
Frente a los llamados de la oposición para reabrir el caso relacionado con un supuesto fraude electoral, Quispe recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó esa posibilidad y respaldó la idea del golpe de Estado. “No hubo fraude. Hubo golpe de Estado en 2019”, enfatizó, añadiendo que la liberación de los implicados solo fomenta la reorganización de grupos irregulares.
Diferencias en los procesos judiciales
Respecto a Murillo, Quispe indicó que existen diferencias con otros procesados, ya que el exministro tiene 2 sentencias y debe permanecer en prisión. Además, anunció que se solicitará una auditoría a los procesos judiciales de los liberados para identificar las responsabilidades de las autoridades y los operadores de justicia.
