El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este miércoles la excarcelación inmediata de la exprimera ministra Betssy Chávez. Ella está siendo procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que ocurrió a finales de 2022. Actualmente, Chávez se encuentra hospitalizada tras haber acumulado 12 días en huelga de hambre, en protesta por supuestos abusos que ha sufrido en prisión.
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Chávez. Esta demanda solicitaba su salida de prisión, argumentando que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo. Este plazo se había vencido en diciembre de 2024, sin que la ex primera ministra fuese puesta en libertad.
La sentencia del TC establece que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia debe emitir la resolución de excarcelación de Chávez y dictar las medidas necesarias para asegurar su presencia en el juicio que se celebra desde marzo. En este juicio, la Fiscalía está pidiendo 25 años de prisión para ella por el intento de golpe de Estado de Castillo.
Fundamentos de la sentencia
Al haberse vencido el plazo inicial de la prisión provisional por 18 meses, el Tribunal concluyó que era necesario ordenar la liberación o emitir la resolución correspondiente para que Chávez siguiese privada de libertad. “Este tribunal considera imperativo resaltar que no cabe sacrificar la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia”, señala la sentencia.
Además, el TC destacó que, según el Código Procesal Penal, la medida de prisión preventiva debe ser temporal. Si el preso preventivo supera ese límite máximo, a pesar de que persistan los motivos para su adopción y el proceso continúe, necesariamente debe ser puesto en libertad.
Reacciones a la decisión
Uno de los abogados de Chávez, Raúl Noblecilla, celebró la decisión del Tribunal a favor de la exprimera ministra. Este lunes, Chávez fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, que se encuentra en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de la capital. Noblecilla expresó en la red social X: “Justicia y libertad. El secuestro político de nuestra compañera Betssy Chávez llegó a su fin. Hoy conquista su justa libertad, símbolo de la resistencia frente a la dictadura. El pueblo la necesita junto a nuestro presidente Pedro Castillo: unidad para recuperar la democracia”.
Detalles de la huelga de hambre
Chávez, de 36 años, inició una nueva huelga de hambre seca hace 12 días desde la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima. Este lunes, fue trasladada a un centro hospitalario “por indicación médica y como medida de prevención”, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
La autoridad penitenciaria, encargada del control y administración de las cárceles peruanas, explicó que este traslado se realizó para que Chávez reciba un monitoreo constante y se descarte cualquier posible complicación de su salud. Asimismo, el Inpe remarcó que, desde el inicio de su huelga de hambre seca, “la interna Chávez ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario”.
Protestas y denuncias
Antes de retomar la huelga de hambre, Chávez dejó un testamento en el que rechazaba recibir cualquier intento de hidratación o reanimación. Ella retomó su huelga de hambre en protesta por los presuntos maltratos que dice haber recibido de las autoridades penitenciarias. También busca presionar para solicitar su traslado de cárcel, así como el de otras dos reclusas, al considerar que su integridad está amenazada.
Sin embargo, el Inpe respondió que no existen pruebas de los malos tratos que Chávez alega haber recibido por parte de las autoridades de la cárcel de mujeres de Chorrillos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) constató quejas de otras reclusas sobre el comportamiento de la ex primera ministra dentro de la prisión.
Contexto del caso
Tanto Chávez como Castillo están siendo procesados por el intento de golpe que ocurrió el 7 de diciembre de 2022, lo que llevó a la destitución del exmandatario. Ambos enfrentan solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
Castillo había dado un mensaje a la nación en el que anunciaba el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura para gobernar a través de decretos. Esto ocurrió ante la posibilidad de que el Parlamento votase ese día una moción de vacancia (destitución presidencial) en su contra.
Su mensaje no tuvo efecto, ya que minutos después fue detenido por la Policía cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en Lima. Mientras tanto, el Congreso votó inmediatamente su destitución y la sucesión en el cargo de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
