El abogado Frank Campero ha comunicado que un juez en Estados Unidos ha decidido la deportación de Arturo Murillo, quien fue exministro de Gobierno. Esta resolución facilita que Murillo pueda comparecer ante la justicia boliviana por su supuesta implicación en varios casos, entre ellos el relacionado con la bebé Samantha.
Campero explicó que esta decisión judicial en EE. UU. permite notificar formalmente a Murillo para que se presente en el juicio oral que está pendiente. Una vez que regrese a Bolivia, podrá ser juzgado, y si es hallado culpable, se podrá determinar el resarcimiento por los daños causados. En este contexto, el abogado anticipó que el Estado boliviano podría enfrentar una responsabilidad económica cercana a 1 millón de dólares, dado que Murillo ocupaba un cargo público en el momento de los hechos denunciados.
“El Estado tendría que asumir ese monto, no Murillo. Luego, el Estado debe iniciar una acción contra él por daño económico”, subrayó Campero. Además, enfatizó que la presencia de Murillo en Bolivia permitirá avanzar en varios procesos que actualmente están paralizados debido a su ausencia.
Trámites para su traslado
El Ministerio de Gobierno está llevando a cabo los trámites necesarios para su traslado. Según la información disponible, Murillo llegará al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, desde donde será trasladado a La Paz para enfrentar las acciones judiciales pertinentes. Dependiendo de lo que determine la autoridad competente, podría ser recluido en los penales de San Pedro o Chonchocoro.
Proceso emblemático
Uno de los casos más significativos que deberá enfrentar es el relacionado con la detención de Lourdes Pacheco, una activista vinculada al caso de la bebé Samantha. Campero indicó que Pacheco fue arrestada de manera arbitraria y presentada públicamente como secuestradora durante el tiempo en que Murillo ocupaba el cargo de ministro. El juicio por este incidente está próximo a iniciarse.
Denuncias contra el TSE
En paralelo, Campero también se refirió al caso del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y denunció que el Tribunal Supremo Electoral, en coordinación con el Tribunal Constitucional, ha incurrido en el incumplimiento de sentencias constitucionales. Afirmó que la Sala Constitucional Cuarta ya ha enviado el caso al Ministerio Público para que se investigue este delito.
El principal denunciado en este asunto es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel. Campero cuestionó que Hassenteufel haya sido condecorado por el alcalde Iván Arias a pesar de las denuncias sobre la vulneración de derechos. El abogado insistió en que el incumplimiento de un amparo constitucional es una falta grave que no admite excusas ni dilaciones.
