Por : C. Melody Jiménez López
¿Quién no se identifica y vibra al ver a la tricolor flamear, desafiante y orgullosa, más aún en lo alto de una colina que atesora, en silencio, la historia de todos los bolivianos? El Faro de Conchupata, en la noble ciudad de Oruro, no es solo un punto geográfico ni un monumento más. Es un lugar sagrado de la memoria nacional, donde por primera vez se izó la bandera que hoy nos representa, nos cobija y nos une.
Allí, el 7 de noviembre de 1851, bajo la orden del presidente Manuel Isidoro Belzu, ondeó por primera vez el pabellón tricolor con sus franjas de laurel, oro vivo y de fuego, un símbolo de nuestra identidad. No fue solo un acto protocolar, sino un juramento silencioso de unidad, soberanía y compromiso con un país recién nacido. Ese faro no solo iluminaba: despertaba conciencia.
Por eso, duele. Duele que ese Monumento Nacional y Patrimonial, declarado por leyes nacionales y departamentales, no haya sido considerado en la agenda oficial del Bicentenario de Bolivia. A estas alturas del 2025, cuando las celebraciones pasaron y los discursos fueron pronunciados, el Faro de Conchupata quedó fuera de escena, invisibilizado por quienes debían haberlo colocado como protagonista de la memoria histórica de los bolivianos.
¿Cómo fue posible que el Ministerio de Culturas lo pasara por alto? ¿Qué lógica rige para una histórica conmemoración nacional que prioriza solo a una región que, si bien tiene memoria histórica, no concentra toda la historia boliviana en sí misma, dejando fuera sitios que representan el nacimiento simbólico de la República? La historia del país no se resume en folletos ni campañas de marketing. La historia se honra reconociendo sus pilares, y uno de ellos está en Oruro, elevándose hacia el cielo como un faro de identidad.
El 17 de agosto, Día de la Bandera, fue una oportunidad perfecta para poner al Faro de Conchupata en el corazón de la patria. Pero pasó lo mismo. Y pasó sin la solemnidad que el lugar merece: sin una transmisión para todo el país, sin una puesta en valor real, sin la participación de un Presidente que, junto a su alto mando militar, eleve la enseña nacional en el sitio donde nació a la vida pública, un monumento patrimonial que sigue sin recibir una intervención estructural, cultural y simbólica, acorde con los estándares internacionales establecidos por la UNESCO (Organización de las Naciones Unida para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
La UNESCO, a través de su Convención del Patrimonio Mundial (1972) y sus Directrices Operativas, determina que los Estados están obligados a identificar, proteger, conservar, revitalizar y transmitir los patrimonios culturales, materiales e inmateriales, como base para la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. Estos principios no son abstractos, exigen acciones concretas que respeten la autenticidad, eviten alteraciones arbitrarias y garanticen el valor simbólico y comunitario del bien patrimonial. En este sentido, el Faro de Conchupata califica plenamente como un patrimonio que merece intervención bajo estos estándares, tanto por su estructura física como por su significado en la memoria boliviana.
El Faro de Conchupata es patrimonio material porque es un monumento físico, un vestigio tangible del episodio en que nació nuestra identidad cívica; desde allí, en los festejos del Bicentenario, su luz debía haber iluminado a todo el país con la tricolor en su cúspide, como recordatorio vivo de los valores de nuestra fundación.
Oruro, llamado alguna vez “Primer Pueblo Salvador de las Instituciones”, no exige privilegios. Exige respeto. Porque si Bolivia celebra 200 años de historia, es también gracias al pueblo orureño, a sus luchas, a su civismo, a su memoria. Desde la cima de la ciudad, el Faro de Conchupata sigue esperando que el Estado le devuelva el lugar que le corresponde.
Hoy, desde Oruro, la voz se alza no solo como protesta, sino como un firme llamado a la conciencia nacional: ¡Revitalicen el Faro de Conchupata! ¡No más silencio sobre lo que nos une! ¡No más desprecio a la memoria de los pueblos que construyeron Bolivia!
El Bicentenario ya pasó. Pero aún estamos a tiempo de corregir las omisiones, de rescatar lo esencial y de mirar al futuro sin traicionar el pasado. Porque la protección de la memoria histórica debe ser garantizada por los tres niveles del Estado: nacional, departamental y municipal. No como un gesto simbólico, sino como un acto de justicia patrimonial, sobre el cual las futuras generaciones podrán construir conciencia, pertenencia y, sobre todo, identidad. Porque cuando se omite la memoria de un pueblo, no se daña a una región: se hiere a la memoria colectiva y patrimonial de toda una nación.
C. Melody Jiménez López es abogada Constitucionalista, experta en Desarrollo Sostenible y Gestora Cultural.
Paceña de nacimiento, orureña por herencia y amor.
