El Gobierno de Chile ha expresado su rechazo a la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien sugiere legalizar los autos “chutos” en Bolivia. Según las autoridades chilenas, estos vehículos son, en su mayoría, robados en el país vecino y circulan sin la documentación adecuada. El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, ha calificado esta medida como un “incentivo para la comisión de ilícitos”.
La controversia se desató tras las afirmaciones de Paz, quien logró obtener el 32% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato argumentó que “parece que fuera un pecado tener un auto chuto en Bolivia, cuando todo el mundo lo tiene (…) Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.
En respuesta a estas declaraciones, Sebastián Huerta, candidato a diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), rechazó la propuesta de Paz. Huerta sugirió que, si Bolivia lleva a cabo esta acción, Chile debería retirar el visado Mercosur, ya que no se puede “entregarle beneficios a un país que busca legalizar lo que ha sido robado” en Arica.
Reacciones en Chile
Paz, por su parte, le respondió a Huerta instándolo a informarse sobre el porcentaje de robos y cuestionó a la policía chilena sobre el hurto de estos vehículos: “¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?”, planteó.
Las declaraciones de Paz fueron criticadas por varios parlamentarios chilenos. Uno de ellos, el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, consideró inaceptable que el candidato boliviano acusara a Carabineros de robar coches. Ossandón pidió al Gobierno chileno que envíe una nota diplomática solicitando explicaciones sobre estas afirmaciones.
Relaciones diplomáticas tensas
Es importante recordar que Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana por un acceso soberano al océano Pacífico, que se perdió en una guerra a finales del siglo XIX. Las relaciones entre ambos países se tensionaron aún más en 2013, cuando Bolivia llevó su reclamación marítima ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al mar.
La demanda finalizó en 2018, cuando la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia. En diciembre, ambos países firmaron un acuerdo en materia de control migratorio y seguridad fronteriza, con el objetivo de garantizar el reingreso de sus ciudadanos y migrantes de terceros países.
Colaboración entre gobiernos
El ministro Elizalde ha instado a la “colaboración entre gobiernos y entre Estados”. Sin embargo, concluyó que “no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando”.
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