Alejandro Patricio Maraniello, el juez que este lunes prohibió la difusión de audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, enfrenta un complicado panorama. Esta decisión fue solicitada por el Gobierno argentino en medio de un escándalo de corrupción que involucra al Ejecutivo. Maraniello acumula un total de 9 denuncias en su contra, de las cuales 5 son por delitos relacionados con violencia machista.
El magistrado emitió una medida cautelar que impide la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa de Gobierno. Esta prohibición se extiende a cualquier medio de comunicación, ya sea escrito o audiovisual, así como a redes sociales y plataformas web. Muchos expertos en derecho constitucional han calificado esta acción como un grave ataque a la libertad de expresión y un caso de censura previa, lo cual está prohibido en Argentina.
Contexto del escándalo de corrupción
La medida se produce en el marco de un escándalo de corrupción que surgió a raíz de la difusión de grabaciones de un funcionario que describía un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este esquema tendría como beneficiaria a la hermana del presidente, Karina Milei.
A pesar de que algunas grabaciones de Karina Milei, que fueron divulgadas el pasado viernes, no mencionan los supuestos sobornos, el periodista Mauro Federico afirmó tener 50 minutos de grabación de la hermana del presidente. Esta información fue parte de una denuncia presentada por el Gobierno el lunes, en la que se solicitó el allanamiento del medio digital que difundió las grabaciones, así como de los domicilios de Federico y otro periodista.
Denuncias contra el juez Maraniello
Maraniello, quien trabaja en el Juzgado Civil y Comercial número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido objeto de atención tras su decisión de frenar la difusión de nuevos audios. Además, se ha revelado que entre 2023 y 2025, ha acumulado 9 denuncias en su contra.
Según información confirmada por EFE, el Consejo de la Magistratura, que supervisa el accionar del Poder Judicial, ha recibido denuncias por delitos contra la integridad sexual, violencia de género, maltrato laboral, abuso de poder, comportamiento inapropiado y manejo inadecuado de recursos públicos, entre otros.
De las 9 denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura, 5 están relacionadas con delitos de violencia machista. En uno de los expedientes, una empleada del Poder Judicial declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de haber comenzado a trabajar en su juzgado.
Testimonios de las víctimas
La mujer relató que, por temor a perder su empleo, accedió a una salida con el juez fuera del ámbito laboral. Durante esta ocasión, según su denuncia, fue víctima de tocamientos y besos no consentidos. Posteriormente, se sintió forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
Otra empleada de su juzgado también declaró haber recibido comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas, mensajes por redes sociales y maltrato por no acceder a realizar actividades con él fuera del ámbito laboral. Esta víctima, quien afirmó estar medicada y con ideas suicidas, ratificó sus declaraciones ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, aunque no quiso iniciar una acción penal.
Acciones del Consejo de la Magistratura
A pesar de la falta de acción penal por parte de la víctima, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial. Por lo tanto, el expediente fue enviado a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.
Según reportes de medios locales, en septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación ordenó la presencia de personal policial en el juzgado de Maraniello para “resguardar” a los empleados.
El Consejo de la Magistratura ha informado que la Comisión de Disciplina está evaluando las pruebas sobre los hechos denunciados. Este proceso podría resultar en sanciones o en un pedido de remoción del juez, si alguno de los expedientes es enviado a la Comisión de Acusación.
Maraniello fue notificado sobre este proceso el 19 de agosto, y desde entonces tiene un plazo de 20 días para presentar su defensa por escrito. Otras denuncias en su contra también mencionan “sentencias contrarias a derecho”, dilaciones en causas y remociones arbitrarias, muchas de las cuales están interrelacionadas entre sí.
