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Juicio contra Camacho por el caso “Carro Bombero” se aplaza por ausencia del fiscal y parte denunciante

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, custodiado por policías / EFE Archivo
La audiencia del gobernador cruceño por la compra irregular de un carro bombero será reprogramada para el 20 de octubre debido a la inasistencia del fiscal y una parte denunciante.

El juicio oral contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, relacionado con la presunta compra irregular de un carro bombero, fue suspendido este lunes 1 de septiembre de 2025. La audiencia ha sido reprogramada para el próximo 20 de octubre. Esta decisión se tomó debido a la inasistencia del fiscal asignado al caso y de una de las partes denunciantes. La audiencia debía llevarse a cabo en el contexto de un proceso impulsado por parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Justificación de la suspensión

La autoridad judicial explicó que la suspensión se debió a motivos de salud del fiscal y a la falta de comparecencia de una de las partes involucradas, según informaron medios locales. Esta decisión ha generado críticas desde la bancada oficialista, que sostiene que el Ministerio Público está retrasando deliberadamente el avance del caso.

Críticas del MAS

El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, quien es uno de los impulsores de la denuncia, expresó su descontento. “El Ministerio Público le está regalando un mes más de mandato a un gobernador que debería ser sentenciado y destituido por haber robado a Santa Cruz”, reclamó Cuéllar.

Detalles del proceso judicial

El proceso judicial se centra en la adquisición de un carro bombero por parte de la Gobernación cruceña. Este contrato fue firmado el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones, por un monto de Bs 1.730.000. Según la denuncia, la adjudicación se realizó a través de una invitación directa, sin llevar a cabo una licitación pública, y el vehículo entregado no cumplía con los requisitos técnicos establecidos por la Policía Boliviana.

Además, la unidad de emergencia fue entregada fuera del plazo contractual, lo que llevó a la resolución del contrato con la empresa proveedora. En este caso, también están siendo investigados un exfuncionario de la Gobernación y el representante legal de la firma adjudicataria.


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