Juan Carlos Villafuerte, un tiktoker de 20 años, fue aprehendido el martes en Santa Cruz. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo acusa de difundir “información falsa” sobre la situación del dólar y la devaluación del boliviano. Esta situación ha generado preocupación en la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, quienes consideran que esta acción vulnera el derecho a la libertad de expresión.
La ASFI sostiene que Villafuerte cometió un delito financiero al difundir información falsa. Sin embargo, su defensa argumenta que el tiktoker simplemente expresó en sus redes sociales que el boliviano perdía valor cada día y recomendó a la gente cambiar sus bolivianos a dólares.
Las asociaciones periodísticas han señalado que Villafuerte fue aprehendido sin citación previa y con la amenaza de un posible traslado forzoso a La Paz, lo que podría vulnerar el debido proceso.
Preocupaciones de las asociaciones
Las instituciones han manifestado que la denuncia penal presentada por la ASFI cuestiona opiniones que circulan entre la ciudadanía, como la recomendación de cambiar bolivianos a dólares o invertir en criptomonedas. En un comunicado, exigen que se investiguen las irregularidades mencionadas por la defensa de Villafuerte. Además, advierten que esta detención establece un ‘precedente peligroso’ para toda la sociedad.
Según el comunicado, la acción del gobierno podría abrir la puerta a la penalización de voces independientes en plataformas digitales. La ley utilizada, la Ley de Delitos Financieros, impone penas de 1 a 10 años de prisión por difundir ‘información falsa’, aunque aclara que no incluye opiniones ni análisis verificables, que están protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Se añade que “este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas”.
Declaraciones del abogado defensor
Andrés Richter, abogado defensor de Villafuerte, ha denunciado que el caso ya contaba con una resolución de rechazo previa. Según él, la aprehensión fue una acción politizada destinada a marcar un ejemplo contra voces críticas en redes sociales. “Lo aprehendieron por un caso que ya había sido rechazado; con esta aprehensión, el mensaje es claro: si opinas sobre el dólar te van a castigar”, declaró el jurista.
Reacciones familiares y sociales
La madre de Villafuerte organizó una vigilia frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y denunció que su hijo fue interceptado por personas de civil y trasladado a las celdas policiales, quedando incomunicado. Calificó el hecho como un secuestro y rechazó su posible traslado a La Paz sin justificación ni notificación previa.
Las asociaciones han repudiado el uso de la ASFI como un instrumento para silenciar opiniones críticas y exigen la liberación inmediata de Juan Carlos Villafuerte, así como el respeto al debido proceso. “Recordamos que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a opinar, investigar y difundir información sin censura previa ni represalias”, resaltan.
Implicaciones para la libertad de expresión
Las organizaciones enfatizan que penalizar percepciones sobre hechos de dominio público debilita los pilares democráticos y coloca al país al borde de la censura digital. Este caso pone de manifiesto la tensión entre la regulación financiera y los derechos fundamentales en Bolivia.
La denuncia penal promovida por la ASFI también ha suscitado preocupaciones sobre presiones políticas adicionales, especialmente debido a las críticas hacia autoridades locales.
