El Ministerio Público ha decidido reabrir la investigación penal contra Rafael Arce Mosqueira, quien es hijo del presidente Luis Arce. Esta decisión se basa en el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. El fiscal Hernán Kiffer confirmó que el 24 de julio se remitió al juzgado correspondiente la solicitud de reapertura, además de una ampliación de 60 días en la etapa preliminar de indagación.
El caso fue impulsado por el diputado Héctor Arce Rodríguez, quien presentó una denuncia en 2024 sobre la adquisición supuestamente irregular del predio denominado “Adán y Eva” en Santa Cruz. Según el legislador, este inmueble habría sido comprado por un valor real de 5.5 millones de dólares, mientras que los documentos oficiales solo consignan 3.3 millones. Esta discrepancia podría constituir un fraude impositivo.
La Fiscalía admitió la denuncia el 20 de mayo de 2024, pero el caso fue cerrado en un plazo de 25 días. Ante esta situación, el diputado Arce volvió a presentar este año una solicitud de reapertura, aportando nuevos elementos. Entre estos se encuentran movimientos financieros que considera irregulares y que no coinciden con los ingresos declarados por Rafael Arce durante los últimos 6 años como funcionario público.
Detalles financieros cuestionables
De acuerdo con el legislador, el hijo del mandatario habría realizado un anticipo de 280 mil dólares, que equivale a aproximadamente 2 millones de bolivianos. Sin embargo, sus ingresos en el sector público no superarían los 700 mil bolivianos en total. Además, el diputado Arce destacó que tanto Rafael como su hermana Camila accedieron a préstamos del Banco Ganadero por cerca de 63 millones de bolivianos cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente, sin contar con experiencia previa en actividades productivas.
Involucramiento de la ABT
Otro aspecto que el diputado ha señalado es la supuesta participación de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Esta entidad habría favorecido a la familia del presidente con un trámite “exprés” relacionado con la propiedad en cuestión. Por esta razón, la investigación también se ha ampliado al director de la ABT, Luis Roberto Flores.
Desconfianza en el proceso
A pesar del avance formal del proceso, el diputado Arce ha expresado su desconfianza en las intenciones del Ministerio Público. Afirmó que la reapertura podría ser una estrategia para cerrar de forma definitiva el caso, lo que impediría futuras investigaciones sobre los mismos hechos, amparados en el principio de cosa juzgada.
“No quisiera pensar que esta reapertura tiene por objetivo disimular estos 3, 4 meses que le quedan al gobierno de Lucho Arce y volverlo a cerrar. Porque si lo cierran, sabemos muy bien que una denuncia por el mismo tipo penal no se puede volver a investigar”, declaró el parlamentario en contacto con Erbol. También manifestó su falta de confianza en el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por un supuesto pacto de “no agresión” con el Ejecutivo.
