La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, ha ampliado la denuncia por tráfico de influencias y consorcio contra los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Édgar Ordoñez y Erika Valdez. Según Coaquira, ambos forman parte de una organización cuyo objetivo era sacarla de su cargo.
A través de un nuevo oficio, la comisión de fiscales a cargo del caso notificó a la autoridad del Juzgado 17 Anticorrupción que se ha aceptado la ampliación de la denuncia y se ha iniciado la investigación correspondiente.
Detalles de la denuncia
“Señora juez, a los fines de control jurisdiccional, tenemos a bien informar a su autoridad que mediante memorial presentado en fecha 25 de julio de 2025, la ciudadana Fanny Coaquira Rodríguez, a través de su apoderado legal, ha presentado una ampliación de denuncia contra los ciudadanos Iván Édgar Ordoñez Quijarro y Karina Erika Valdez Cuba, por la comisión de los delitos de tráfico de influencias y consorcio; ampliación que ha sido aceptada por el Ministerio Público mediante decreto fiscal de fecha 28 de julio de 2025”, indica parte del oficio.
Este documento está firmado por los fiscales Fernando Espinoza, Magaly Bustamante y Johan Muñoz, según informó El Deber.
Implicados en el caso
Valdez ocupa el cargo de presidenta de la Sala Civil Segunda, mientras que Ordoñez es presidente de la Sala Civil Tercera. Con esta ampliación, el número de implicados en el caso de consorcio asciende a 10, de los cuales 4 son vocales del TDJ La Paz.
Los implicados son: el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza (detenido en San Pedro); el funcionario de dicho juzgado, Sergio Sarmiento (con detención domiciliaria); Antonio De la Fuente Amelunge (prófugo, presentó la acción de cumplimiento); el abogado de De la Fuente, José Uriarte (ex cónsul de Bolivia en España, con detención domiciliaria); el ex ministro de Justicia, César Siles (con detención preventiva, pero hospitalizado); el expresidente del TDJ La Paz, Yván Córdova (con detención domiciliaria); la ex vocal del TDJ La Paz, Claudia Castro (con detención preventiva, pero hospitalizada) y el magistrado suplente de Coaquira, Iván Campero Villalva (con detención preventiva).
Acción de cumplimiento
El 11 de junio, De la Fuente Amelunge presentó una acción de cumplimiento con la intención de suspender a la magistrada Coaquira, alegando que ella había falseado información ante la Asamblea Legislativa para ser habilitada en las Elecciones Judiciales, en las que resultó electa en diciembre de 2024.
Hasta el momento, la supuesta adulteración de la experiencia laboral de Coaquira como docente de la Universidad Unión Bolivariana no ha sido investigada.
Reuniones organizadas
Valdez ha sido señalada por Claudia Castro como una de las personas que organizó reuniones desde mayo para coordinar la presentación de la acción de cumplimiento. En el caso de Ordoñez, se sabe que además de coordinar las reuniones, éstas se llevaron a cabo en su oficina particular, ubicada en el piso 7 del Shopping Norte, en el centro de La Paz.
Este caso ha cobrado relevancia y ha llevado a la renuncia de Siles, tras la difusión de un audio en el que una voz atribuida al entonces ministro asegura al juez Lea Plaza que si emitía una resolución a favor de De la Fuente, suspendiendo a Coaquira y habilitando a Campero, tendría todas las garantías de no sufrir represalias. Se mencionó que incluso se había acordado esa protección con el fiscal general, Róger Mariaca, y el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres.
Investigaciones en curso
Las autoridades de la Fiscalía han negado estar implicadas y han instruido una investigación amplia y objetiva. En el caso de Castro, se han encontrado declaraciones y datos en celulares y computadoras que la comprometen como una de las autoras intelectuales del caso.
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