La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz (SIB-SC), ha expresado su preocupación por la situación crítica que enfrentan numerosas empresas constructoras. Según la entidad, muchas de estas empresas están al borde de la quiebra y varias obras públicas podrían paralizarse. Esta crisis se debe al sistema de reajuste de precios establecido por el Decreto Supremo 5321, que excluye componentes clave como la mano de obra y los impuestos.
La SIB-SC señala que esta norma solo considera el aumento de precios en ciertos materiales importados, dejando fuera elementos esenciales como la mano de obra, el uso de maquinaria, los impuestos (IVA e IT), los gastos generales y las utilidades. Luis Alberto Solíz, asesor técnico de la SIB-SC, advirtió que esto genera una distorsión profunda y una carga financiera insostenible para los contratistas.
Como ejemplo, Solíz explicó que si un ítem de obra aumenta un 30% debido al incremento de insumos importados, pero otros costos asociados también suben sin posibilidad de reajuste, la empresa termina asumiendo la pérdida. “Eso no es un reajuste real, es una transferencia de pérdidas”, denunció.
Perspectiva legal
Desde un enfoque legal, el jurista Jorge Amas calificó esta situación como una “expropiación encubierta” del patrimonio privado. Amas argumentó que se obliga al contratista a financiar con sus propios recursos una parte sustancial de la obra, sin recibir ninguna compensación. Esto, según él, vulnera el equilibrio económico del contrato.
Referencias a mecanismos anteriores
Los ingenieros recordaron que en el pasado existieron mecanismos más justos para el reajuste de precios. Por ejemplo, el Decreto Supremo 18948 de 1982 y una ordenanza del Gobierno Municipal de Santa Cruz en 2008 permitieron ajustes integrales que consideraban todos los costos del proyecto.
Consecuencias del decreto actual
La SIB-SC ha identificado al menos 4 consecuencias inmediatas de este decreto. En primer lugar, se prevé que habrá obras públicas inconclusas debido a la inviabilidad financiera. En segundo lugar, se espera la quiebra de pequeñas y medianas empresas contratistas. Además, hay un aumento en la desconfianza empresarial, ya que cada vez menos firmas se presentan a licitaciones públicas. Por último, la exclusión de consultorías y supervisiones del mecanismo de reajuste agrava aún más la situación.
Exigencia de revisión
“Este no es un pedido de privilegios. Es una exigencia mínima para que las condiciones contractuales permitan cumplir con las obras sin destruir al sector que las ejecuta”, concluyó la SIB-SC. La entidad exige una revisión urgente del decreto por parte del Gobierno nacional y las entidades subnacionales.
